La Reforma Educacional presentada por el Gobierno ha profundizado aún más la brecha que ya existía entre partidarios y detractores de la idea de avanzar gradualmente hacia un modelo que incorporé la gratuidad universal como un derecho social de acceso a la educación.
Las condiciones para que ello ocurra, según el oficialismo, requieren que se cumplan ciertas metas en cuanto a los ingresos estructurales. “Metas que por cierto parecen lejanas: suponiendo un crecimiento 3% anual y una elasticidad de 1,2, la gratuidad no se produciría antes del año 2060”, concluye Libertad y Desarrollo (LyD) en el estudio “Reforma a la Educación Superior: Ignorando las bondades del sistema actual”, publicado a comienzos de este mes.
El análisis surge como respuesta al silencio que ha mantenido el Gobierno respecto de fijar plazos para llegar a la gratuidad universal, lo que ha permitido a especialistas de las más diversas disciplinas realizar simulaciones que aterricen la promesa oficialista.
Voluntad política
Consultada respecto de lo afirmado en el estudio de LyD, la seremi de Educación, Margarita Makuc, dijo que “lo importante es cómo abordar la gratuidad universal, pero de manera progresiva. Se ha planteado en el proyecto de educación superior que al 2018 o 2020 se espera alcanzar el 60%, el sexto decil. El compromiso es aspirar a la gratuidad universal, no obstante la existencia de las complejidades del contexto y de la realidad económica. También es necesario tener en consideración que por primera vez en Chile, después de más de tres décadas, se habla de implementar un sistema de gratuidad. Como sociedad habíamos renunciado a esa posibilidad, sólo teníamos como alternativa las becas, que significaban combinar nivel socioeconómico con talento o alto rendimiento y sabemos que en nuestro país está determinado por el nivel socioeconómico. Por lo tanto, la ayuda era bastante parcial y siempre estaba a priori definido el alcance. Nosotros planteamos con la incorporación de la gratuidad que exclusivamente el nivel socioeconómico sea una variable que entre en juego al momento de matricularse los estudiantes. Es recuperar la idea de derecho social. Para eso nuestro país está haciendo esfuerzos, porque eso ha significado que a través de la reforma tributaria se pueda financiar. Si queremos tener un capital humano avanzado, requerimos invertir ahora, ojalá a mediano plazo. De tal forma que creo que el dato de LyD no aporta a alcanzar la gratuidad a mediano plazo. Antes debemos lograr alinearnos transversalmente tras la idea de gratuidad”.
“Es probable que así sea”
Hermes Hein, ex secretario general de la Cormupa, coincide con la fecha que propone el estudio de LyD para alcanzar la gratuidad universal. “Es probable que así sea, desconozco los detalles. Lo que he sostenido siempre es que no estoy a favor de la gratuidad universal, no creo que sea realizable, ni que corresponda o sea justo. Pero tampoco lo veo viable. El análisis va en la línea correcta y no creo que sea posible cumplir con lo prometido”, dijo Hein.
“Repercutirá en los más vulnerables”
El ex seremi de Educación, docente y director de colegios y liceos José Raúl Alvarado guarda silencio y luego ríe cuando escucha las conclusiones del estudio de LyD. Advierte que no conoce el detalle de la publicación, pero sí destaca que es un estudio hecho por profesionales y eso interesa e importa mucho.
“El Gobierno definitivamente se equivocó. Creo que ha provocado el descalabro más grande en la educación de este país, no me cabe ninguna duda y lo digo con objetividad y argumentos de causa, porque uno no puede entender que se haya tomado una decisión tan apresurada, tan utópica de un proyecto político, que naturalmente pudo haber tenido un tiempo mayor de espera, de debate ciudadano y consenso. Entonces, que se diga ahora que la gratuidad no va a llegar o tardará, no requiere ser experto para darse cuenta. En cuanto a las fechas, eso lo pueden proyectar los entendidos en estos temas. Si es así, va a repercutir en los más vulnerables, sobre las familias de los niños que tienen justamente problemas para optar por un proyecto educativo de mayor calidad, que están en el mundo privado y, hasta hace poco, en el particular subvencionado. No es que los proyectos educativos de los colegios municipales sean malos, pero nadie quiere asumir la responsabilidad y se atribuye a que se terminó con la educación pública en Chile, a que pasó a manos de los municipios, que se convirtió en un sistema demasiado rígido y neoliberal. Se trataba, a mi entender, de que el Estado hubiese metido más mano, fiscalizando más a los alcaldes, principalmente en las corporaciones municipales, donde se ha producido el descalabro económico por manejos políticos. Por cierto, no en todos lados ha ocurrido esto. Pero el caso más patético es el de Punta Arenas, donde en este período alcaldicio del señor Emilio Boccazzi Campos ha sido un desastre la educación. Vamos en caída libre. La solución está en las escuelas y colegios, en las salas de clases, en la formación, en los profesores, en los equipos directivos y en la administración”.