El
equivalente a 38 mil estadios nacionales es la cantidad de hectáreas
(23 mil) que el castor canadiense ha devastado en la Patagonia chilena.
Esta especie exótica invasora, que fue introducida en Argentina en el
año 1946 como una manera de fomentar la industria peletera, se ha
convertido en un desastre natural para los ecosistemas australes de
ambos países.
Actualmente
la población de castores en la Patagonia chilena se estima que va en
más de 110 mil ejemplares, aunque los sistemas de medición, según
explicaron los expertos, todavía no son tan certeros por el difícil
acceso que hay para los investigadores, por lo que la cifra puede ser
aún mayor.
Consciente
de los problemas que esta especie ha causado en los paisajes, la fauna y
la flora típicas de los parques y reservas de la Patagonia, desde 2003
el Gobierno de Chile invierte en actividades de control y erradicación
del castor; en 2005 se inició un proceso binacional entre los gobiernos
de Argentina y Chile para complementar acciones y en septiembre de 2008,
se firmó el Acuerdo Binacional para la Restauración de los Ecosistemas
Australes.
Sin
embargo, al ser un problema que escapó de control, el Ministerio de
Medio Ambiente, en asociación con Conaf y SAG, solicitó hace un par de
años el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO) para acceder al Fondo para el Medio
Ambiente Mundial (GEF), proyecto que tiene el objetivo de mejorar los
marcos institucionales subnacionales para el control, la prevención y
gestión efectiva de las especies invasoras en ecosistemas de alto valor
para la biodiversidad mundial como la Región de Magallanes y de la
Antártica Chilena.
En este contexto
es que ayer se llevó a cabo en Punta Arenas el encuentro anual de las
autoridades del Proyecto GEF Castor para evaluar el trabajo en este
primer año de ejecución.
El
seremi del Medio Ambiente, Eduardo Schiappacasse, indicó que “lo
importante es definir una serie de acciones, como una gobernanza para
organizar el manejo a futuro del castor”. Cabe señalar que el proyecto
contempla tres años de estudio para elaborar un diagnóstico de la
situación y así crear un plan de acción que comenzará a operar el año
2020.
No
obstante, en paralelo se iniciará un programa piloto para intervenir
las cuencas de Laguna Parrillar, la Paciencia, en Parque Karukinka, río
Marazzi, en Tierra del Fuego, y el sudeste de la provincia de Última Esperanza.