La ministra de Desarrollo Social, María
Fernanda Villegas, se reunió ayer con la Asociación
Chilena de Municipalidades para dar
a conocer acciones administrativas y una agenda de trabajo en relación a la Ficha de Protección Social (FPS), como parte de las 56 medidas comprometidas por el Gobierno de la Presidenta
Michelle Bachelet para los primeros 100 días de su mandato.
Es importante enfatizar que, si bien el
Gobierno anterior se comprometió a crear un nuevo instrumento de focalización denominado Ficha Social (FS), este era solo un cuestionario, pero sin un puntaje asociado. Por lo tanto, la
ministra Villegas precisó que “el único instrumento vigente, en la actualidad,
para la asignación de puntaje y por ende beneficios del Estado es la Ficha de
Protección Social”.
ACCIONES DE CORTO PLAZO
En
la reunión la ministra compartió con los alcaldes las medidas tendientes a
disminuir la confusión generada en la población, como a revertir
la inequidad producida entre familias que fueron evaluadas con distintos instrumentos
(FPS y/o Ficha Social). Por ello
les propuso que, a través de las Seremis de Desarrollo Social y
junto a las Direcciones de Desarrollo Comunitario (DIDECO), se coordinen distintas acciones.
En primer lugar, el Ministerio de Desarrollo Social
dispondrá de formularios de “Ficha de Protección Social” suficientes para cada comuna.
Asimismo, respondiendo a un requerimiento de los propios municipios, la plataforma
informática de FPS estará abierta todos
los días de la semana (mientras que actualmente sólo estaba disponible para los municipios el
día lunes).
La titular de Desarrollo Social
también anunció que los códigos asociados al Registro Nacional de Encuestadores
2014 se mantendrán vigentes para el encuestaje FPS. Y además, que se calcularán los puntajes
mensualmente y se mantendrá el congelamiento a la baja, excepto en aquellos
casos en que se modifica la composición de la familia encuestada, por solicitud de la
misma. Los municipios podrán encontrar
toda la información estará en la www.fichaproteccionsocial.cl
La titular de Desarrollo Social explicó a los
alcaldes que, al mismo tiempo, se está trabajando en la implementación de la medida comprometida por
la Presidenta Bachelet de restitución de beneficios sociales de las personas
que los perdieron sin haber experimentado modificaciones relevantes a sus
condiciones socioeconómicas, cuyos detalles se darán a conocer en las próximas
semanas.
ACCIONES DE
MEDIANO PLAZO
A partir de un catastro preparado por el
Departamento de Estudios de la División de Políticas Sociales del ministerio,
se identificaron 80 Programas Sociales
vigentes que consideran -junto a otros requisitos específicos- información de
la FPS o puntaje de vulnerabilidad social en la selección de sus beneficiarios.
A partir de este catastro, la ministra Villegas informó que se estudia recomendar
una serie de programas que no debieran usar FPS en la selección de sus
beneficiarios, sea porque el instrumento no es el adecuado a los objetivos del
mismo o bien porque lo que se plantea es la universalización del beneficio.
En forma
paralela, se comenzará a trabaja “para
superar en forma gradual la Ficha de Protección Social (FPS) como instrumento
de focalización, de manera tal de transitar hacia la asignación de
transferencias monetarias por el mecanismo de la exclusión de los sectores de
mayores ingresos. De esta forma, es el Estado quien asume la responsabilidad de
identificar y seleccionar, no el ciudadano”,
tal como lo señala el programa de Gobierno.
Un nuevo instrumento de asignación, para su
adecuado diseño y operación, requiere de una triple legitimidad: técnica,
ciudadana y por parte de los sectores o instituciones responsables de los
beneficios y programas sociales que sean potenciales usuarios del instrumento
para la selección de sus beneficiarios.
En este contexto, y sobre la base de una
metodología participativa, se comenzará a la brevedad, con el trabajo técnico
apoyado por el PNUD, que levantará información de diversos actores para el
diseño del nuevo instrumento. Entre los actores consultados se considera la participación
de expertos en instrumentos de selección de beneficiarios, responsables de programas sociales y
representantes de la sociedad civil.