El
proyecto, que fue objeto de una licitación que culminó el 10 de marzo pasado,
cuando se realizó la apertura de las ofertas económicas. En dicha oportunidad,
se dejó fuera la oferta presentada por las empresas Salfa y Vilicic, quienes
acudieron como consorcio, por considerar que el reglamento de Contratos del
Ministerio de Obras Públicas no lo permitía.
Constructora
Salfa S.A. acudió entonces al Tribunal de Contratación Pública (TCP) para
demandar la impugnación de la iniciativa, argumentando que no había una
prohibición explícita para la participación de consorcios y que, en la etapa de
preguntas y respuestas de la licitación, no se aclaró dicha exclusión.
La
empresa también concurrió a Contraloría, que en mayo oficializó su decisión de
no tomar razón de la adjudicación del contrato, a la Constructora Imaco S.A.
por más de $ 9 mil millones, aduciendo que “no se advierte el fundamento
normativo por el cual la comisión de evaluación excluyó a dos empresas que
concurrieron como consorcio -y que se encontraban, cada una de ellas, inscritas
en el registro de obras mayores”.
Frente
a ello, el seremi de Obras Públicas, Ricardo Haro, manifestó ayer que “hay una
representación por parte de Contraloría. En las próximas semanas, tendremos una
decisión sobre ese tema. Tenemos una reunión en Santiago la próxima semana para
tener los antecedentes más claros respectos a este tema”.
La
autoridad evalúa declarar desierta la licitación, esgrimiendo el dictamen de la
entidad de fiscalización que se abstiene de tomar razón del contrato. Otra
opción es volver a insistir con la adjudicación a Imaco, presentando nuevamente
los antecedentes a Contraloría.
En
tanto, avanza el proceso ante el TCP. Actualmente, la defensa del Ministerio de
Obras Públicas elabora una respuesta a un recurso de reposición interpuesto por
Salfa, que solicita eliminar los puntos de prueba fijados por la corte, por
considerar que no son hechos substanciales, pertinentes y controvertidos.
En
Salfa S.A. existe voluntad de volver a participar de un eventual nuevo proceso,
que, según ha manifestado el MOP, retrasaría el cronograma de inversiones. De
no volver a licitarse la obra, en la empresa creen indispensable seguir
adelante con la demanda ante el TCP, que, según dicen, constituye la única vía
formal para hacer presente su reclamo.