La
Dirección de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Punta Arenas
decidió sumarse a la acusación de la fiscalía y querellarse contra Jaime
Varas Chamorro, un hombre en situación de calle que habría provocado el
incendio de dos garitas.
El
sujeto –que el día anterior al siniestro habría provocado daños a una
casa de acogida– ya fue investigado por el Ministerio Público, que pide
más de 10 años de cárcel.
Los hechos
El
11 de octubre del año pasado y en horas de la tarde, el sujeto se
habría dirigido al paradero de locomoción colectiva en la intersección
de las avenidas Eduardo Frei Montalva y Los Flamencos. Con elementos
incendiarios que portaba, habría procedido a incendiar la estructura de
la garita, ocasionando la pérdida total del bien público.
De
acuerdo a la acusación de la fiscalía, el imputado habría estado
motivado por rencillas anteriores con otras personas en situación de
calle que pernoctaban en la garita. Adentro había frazadas, sacos de
dormir y elementos textiles que fueron calcinados por las llamas.
Después,
el sujeto habría ido a la caseta del norponiente de la avenida Frei
para incendiarla. Esa garita quedó destruida en un 20%.
Su
actuar delictivo habría continuado, esta vez en la Casa de Acogida
Centro de Adulto Mayor. Con el fin de sustraer especies, según la
acusación, rompió el vidrio de una cabaña, pero fue sorprendido por un
guardia de seguridad.
Al
día siguiente, fue formalizado por los delitos de incendio, daños
simples y violación de morada. El tribunal determinó que, como medida
cautelar, fuese enviado al Complejo Penitenciario de Punta Arenas.
La
última vez que se revisó su prisión preventiva fue el 17 de marzo
pasado. En la audiencia, la defensa hizo una curiosa solicitud: que el
juzgado mantuviese la reclusión, pues el imputado prefería ese lugar a
la calle. Aunque se desechó su libertad, el juzgado consideró que no
correspondía argumentar aquello.
“A
la petición de la defensa en cuanto a requerir consentimiento respecto
de mantener la prisión preventiva por resultar más beneficioso, estima
este tribunal que no se encuentra dentro de las funciones de
Gendarmería”, dijo el juez Franco Reyes.
De
todos modos, se ordenó a la asistente social del complejo penitenciario
que conociese los deseos del imputado a seguir recluido.
Nueve
días después, la municipalidad presentó su querella. En ella, el
organismo se presenta como víctima y hace un avalúo de los daños
ocasionados. De acuerdo al cálculo de la Dirección de Obras Municipales
(DOM), la garita incendiada significó en pérdidas de 32 millones de
pesos, aproximadamente.
El
1 de abril, 5 días después de la querella interpuesta por el municipio,
la fiscalía presentó su acusación. Solicita que se impongan 8 años por
el incendio de las garitas y dos penas de 541 días por la violación de
morada al centro de acogida y el destrozo del vidrio.