Con la aprobación la semana pasada en la Comisión de Hacienda del Senado, el proyecto de ley que desmunicipalizará la educación pública quedó en condiciones de ser votado en la sala, lo que según la Federación Nacional de Trabajadores de Corporaciones Municipales (Fenatracom) debería ocurrir el próximo martes 5 de septiembre.
No obstante, los trabajadores han manifestado públicamente su “decepción” por el rumbo que podría tomar la norma y que pone en peligro su estabilidad laboral. El temor de los funcionarios se basa en la estimación que realizó el Ministerio de Educación (Mineduc), por la eventual salida de hasta cuatro mil funcionarios administrativos, una vez que se implemente el proyecto de ley de Nueva Educación Pública o desmunicipalización.
Cauteloso
Consultado por el proyecto de ley, el secretario general de la Cormupa, Segundo Álvarez, señaló ayer que frente a una política pública, de cualquier gobierno, “lo que nosotros hacemos es ejecutarla. No les puedo decir ‘oiga, estoy en contra de la desmunicipalización o estoy a favor’, porque el tema, más allá de lo educativo, influye en personas. Como sostenedor no me puedo pronunciar”.
Si bien la posición de Álvarez es de cautela, igual declaró que “si el Mineduc me dice que la política pública va a ser la desmunicipalización y que para tal efecto nos va a pasar los recursos para salir del hoyo que hay acá, es fantástico”.
Agregó que sólo eso les ayudaría a saldar las deudas que heredó la Corporación y que corresponden a las cotizaciones previsionales de los trabajadores y los descuentos que se les han hecho y no se han pagado. “Entonces, hay que ver una fórmula que nos permita salir adelante. Esa es la preocupación que tenemos”, concluyó.
Mínimo diez años
En tanto la seremi de Educación, Margarita Makuc, pidió esperar lo que resuelva en el Parlamento. “El proyecto plantea una desvinculación progresiva, debido a que estimamos que la implementación de la desmunicipalización tomará como mínimo diez años. Por lo tanto, lo más probable es que se requiera que las funciones que actualmente se realizan se redistribuyan, tiene que haber una reestructuración. Esperamos que esto produzca el mínimo impacto social”, explicó la seremi.
Makuc agregó que la implementación progresiva permitirá mitigar que se produzca un gran daño en los trabajadores, “porque de hecho muchos de los que trabajan hoy día tienen situaciones de jubilación, otros podrán optar a incentivos al retiro que se van a plantear y los que no tienen funciones de educación deberían ser absorbidos por otras áreas del municipio”, puntualizó.
No es dogma de fe
Hermes Hein, abogado y ex secretario general de la Cormupa, es más categórico respecto del tema. “Todos nos impusimos en el transcurso de las conversaciones con el Mineduc que el proceso de desmunicipalización traería consigo despidos colectivos, inclusive se nos informó de cantidades mayores, aproximadamente un 30% de la dotación, lo que justificó la férrea oposición de los sindicatos de trabajadores de asistentes de la educación de Puerto Natales y Punta Arenas. Luego, esto no es una sorpresa, igual conocimos de la intención de trasladarlos a otras funciones del municipio, lo que en mi opinión resulta inviable en el caso de las corporaciones municipales, en que los trabajadores fueron contratados para funciones específicas”.
La argumentación de Hein es que es natural que la creación de un nuevo servicio importe la generación de nuevas contrataciones, “en el ámbito de la administración, las competencias no son las mismas y salvo norma expresa, no es posible asegurar la continuidad laboral e indefinida de todos los trabajadores de la Cormupa. Lo razonable es trabajar en un ajuste que sea justo para las partes, que considere indemnizaciones adecuadas y el reconocimiento de los años de servicio, previendo el evento del traspaso y asegurar un periodo mínimo de estabilidad en el ejercicio de la función”.
Asimismo, concluyó que “no es posible confiar en el proceso de desmunicipalización como un dogma de fe, si llega a concretarse, habrá bajas en el proceso, eso es inevitable y nada garantiza los resultados o la calidad de la educación. En esto las administraciones locales tienen una gran responsabilidad, no resistieron la prueba de la democracia, los alcaldes se transformaron en pedigüeños del sistema, no en administradores competentes”.