El
recurso de protección que paralizó las faenas del proyecto de Salfa en
la Población Archipiélago de Chiloé ha generado opiniones divididas.
Cerca de 400 familias podrían acceder a una solución habitacional, pero
las obras se construirían en una zona con riesgo de inundación e
impactarían un bosque nativo que alberga especies protegidas.
El
abogado Pablo Galaz interpuso el recurso ante la Corte de Apelaciones
de Punta Arenas. Señala que el proyecto no es factible por la zona donde
se erige.
“Hay
un riesgo latente de inundación, por lo tanto no hay viabilidad para
las casas que están proponiendo para las personas. Al mismo tiempo esto
podría afectar el humedal urbano que está protegido no solo por ley,
sino también por las resoluciones mismas de la municipalidad”, dice.
–A esto se suma la tala de árboles de Salfa…
“Por
supuesto. Esto es lo que se llama un bosque relicto, que son de los
últimos reductos de bosque nativo y endémico de la región que, por la
condición humana o la naturaleza, han llegado a un estado reservado”.
“Son
15 hectáreas de bosque nativo de lengas y ñirres. Hay por lo menos 20
especies que se encuentran en el lugar, se han avistado águilas mora y
carpinteros negros. Cerca de 18 especies están protegidas por ley y son
beneficiosas para los ecosistemas”.
El
también vecino del “barrio chilote” señala que Salfa y el municipio
necesitan “tener un estudio de impacto ambiental, cuestión que hasta la
fecha no se cumple, no obstante que las excavaciones y las obras ya se
iniciaron”.
“No luchamos contra los sueños de las personas”
El martes, decenas de personas protestaron en la esquina de Ancud con Manuel Rodríguez. A un costado de las faenas inconclusas reclamaron por la postergación de sus deseos a acceder a una vivienda.
“Yo
entiendo la molestia de las personas que vienen esperando años por una
solución habitacional. Es una cuestión que necesitamos instalar en el
debate público, pero no al precio del riesgo de las propias personas y
del riesgo al impacto medioambiental”, dice el abogado Galaz.
El
recurrente agrega que “no estamos luchando en contra de los sueños de
las personas de tener una vivienda. Creemos que el Estado tiene que dar
soluciones habitacionales, pero deben ser dignas y con un estándar de
calidad mínimo; no solo en materia de construcción, sino también
medioambiental”.