No es primera vez que la gran cantidad de cables en el espacio aéreo de la ciudad es tema de discusión. Hace solo algunos meses, se dio cuenta de que sólo en Punta Arenas, el cableado presente en el radio urbano, sumado en su totalidad, representa más de 2 mil kilómetros, tratándose en su mayoría, de cables en desuso, perteneciente principalmente a compañías de teléfonos y operadoras de televisión por cable.
Hace algunos días, la Comisión Asesora Presidencial en Descentralización y Desarrollo Regional, entregó su informe final a la Presidenta Michelle Bachelet, donde se propone fijar como fecha límite para su soterramiento, un año, con multas de hasta 200 por ciento del valor que tiene enterrarlos, para aquellas empresas que no cumplan con la normativa indicada.
La comisión propone la creación de una norma que, por primera vez, incentive el soterramiento del cableado aéreo en zonas urbanas, y espera que pueda convertirse en ley próximamente.
Para el jefe de la carrera de Ingeniería en Electricidad de la Universidad de Magallanes (UMAG), Bedrich Magas Kusak, el costo de cumplir con esta posible normativa, sería del triple que mantenerlo vía aérea.
“El problema es que en Magallanes, los suelos, por lo arenosos que son, garantizan de alguna manera que los ductos subterráneos, están condenados a un desgaste mucho más rápido. Por lo tanto, la cantidad de falla y el riesgo de reposición crece”, afirma el docente.
Para el jefe de la carrera de la UMAG, “cualquier elemento que sea soterrado, tendrá el mismo problema”, es decir, sufrirá un deterioro rápido, lo que ocurriría con el cableado bajo tierra.
“Yo no sé si es bueno o malo disponer que los cables sean soterrados, pero el problema es que requieren de un cuidado y protección especial y lamentablemente, aquí se hacen las cosas a la chilena”, explica Magas.
“El cableado aéreo son parte del problema y de la solución. Si el problema es la seguridad, entonces hay que poner normas técnicas y de seguridad. Si es por razones estéticas, estoy completamente de acuerdo. Se ve horrible”, señala el profesor.
En 2010, el alcalde Vladimiro Mimica, citó a las empresas que operaban en la ciudad, quienes se comprometieron a remover los cables. Si bien, algunas empresas iniciaron algunas tareas en ese sentido, la invitación municipal no prosperó.
Por su parte, el diputado magallánico, Juan Morano, recordó que durante su gestión al frente del municipio de Punta Arenas, se firmó el decreto número 2798, que permanece vigente, el cual obliga a las empresas a soterrar el cableado y a retirar el cable en desuso (artículo 28).
“La ordenanza partía en 2009, dado que en 2008, no se pudo partir porque se debió esperar los fallos judiciales de la Corte Suprema, por los recursos que presento Edelmag. Por cierto, la municipalidad ganó el falló y la ordenanza está plenamente vigente, pero no se aplica”, afirmó el diputado.