La intranquilidad entre los pescadores artesanales de la Región de Magallanes está lejos de disminuir. Mientras se acerca el plazo que la Ley de Pesca da al Gobierno para actualizar el registro de embarcaciones y caducar matrículas -que este año ocurriría en 600 casos-, los trabajadores se quejan de que no ha habido un catastro que permita establecer si debe aplicarse la medida o no.
Así lo expresó ayer el presidente del Sindicato de Buzos, Tripulantes y Armadores, Fernando Carmona, quien criticó “la falta de voluntad” por parte del Gobierno Regional.