La
Fiscalía lo notificará de esos cargos, que se basan en el arriendo de oficinas
a familiares a un precio notablemente alto, que se pagó con fondos del Senado.
Una
cuñada y un cuñado también están involucrados en el caso que, se estima, causó
daño al patrimonio fiscal, hace ya un par de años, por unos 50 millones de
pesos que, con reajustes e intereses, hoy sumarían más de 70 millones de pesos.
El
Juzgado de Garantía de Punta Arenas será, mañana, un escenario más de las
acciones judiciales que se llevan a cabo para esclarecer el manejo de
cuantiosos recursos fiscales y en las cuales se han visto involucrados figuras
políticas, relevantes o no tanto, sus familiares y allegados a esa gestión del
titular.
Ahora
el turno será del senador Carlos Bianchi Chelech, con un período cumplido y
otro en sus inicios, quien será formalizado por negociación incompatible y
fraude al Fisco, por un monto que, en estos momentos, ascendería a un daño al
patrimonio estatal por unos 70 millones de pesos.
La
formalización es la notificación oficial del fiscal Juan Agustín Meléndez y su
equipo de que existen méritos (responsabilidades) suficientes para proceder a
formalizarlo e investigarlo por sus presuntas responsabilidades en los hechos
denunciados.
De
larga data
La
denuncia data del 22 de abril de 2013, cuando el ex diputado independiente por
el Distrito 60, Miodrag Marinovic, entregó los antecedentes del caso en el
Juzgado de Garantía de Punta Arenas.
Estos
señalaron que a partir del año 2006 y hasta 2008, el senador Carlos Bianchi
arrendó oficinas en calle Ignacio Carrera Pinto, a la altura del 800, a su
suegra, Fresia Espinoza Alarcón, ya fallecida, primero, y a su cuñada, Victoria
Retamales Espinoza, después.
Las oficinas,
de 33 metros cuadrados, terminaron siendo arrendadas, al año 2010, por un valor
de un millón 298 mil pesos, valor que, en la práctica, triplicaban su valor
comercial.
La
investigación no formalizada que llevó a cabo el Fiscal Meléndez y su equipo de
trabajo, determinó, luego de analizar, entre otros antecedentes, los
movimientos bancarios del senador Bianchi, que los dineros cancelados por el
Senado de la República, quedaron en la cuenta de Bianchi y no salieron de ella.
El
problema radicó en que las normas legales vigentes prohiben a los senadores y
diputados realizar contratos con sus cónyuges, hijos, padres, suegros, cuñados
y concuñados.
Además,
el equipo de la Fiscalía recibió el peritaje de una unidad especializada de la
Policía de Investigaciones (PDI) de Chile que estableció que la firma de un
contrato había sido falsificada y que en ese documento se abultaba el precio
del arriendo.
El
senador Bianchi ha desmentido, en innumerables oportunidades y en distintos
medios de comunicación, regionales y nacionales, las acusaciones que pesan
sobre él, su cuñada Victoria Retamal Espinoza, y de su cuñado, José Retamales Espinoza.
El
parlamentario ha denunciado ser víctima de una conspiración para sacarlo de su
quehacer como senador y responsabiliza en duros términos al ex parlamentario, a
partidos políticos y considera que el motivo principal está en su relevancia
como senador en los procesos de aprobación o rechazo de las reformas que ha
impulsado la Presidenta Michelle Bachelet en su segundo mandato.
Pero,
ha recibido retrucos bastante significativos ya que, por ejemplo, se le
reprochó que hubiera votado en contra del término del sistema electoral
binominal y tuvo un “encontronazo” con su par de Aysén, Antonio Horvath, a
quien acusó de ser un “travesti político” por haber votado a favor, a lo que
Horvath respondió señalando que “Bianchi tiene mucha boca y poco cerebro”.
A nivel
regional, el Presidente del Partido Radical Social Demócrata, Abelardo Oyarzún,
declaró que la presencia o apoyo de Bianchi “no ha sido importante” en el
quehacer político- legislativo de la Nueva Mayoría.
Por su
parte, el diputado DC Juan Morano Cornejo afirmó, en su momento, que da lo
mismo si el desafuero pone en peligro la capacidad del Gobierno para sacar
adelante sus proyectos legislativos y ello conllevará a esfuerzos mayores para
contar con otros sectores.
Y fue
rotundo al indicar que eso “no puede significar impunidad o saltarse la
Justicia… Y no se le puede poner precio a la justicia”.
En el
mismo sentido se ha pronunciado el entorno de la senadora Carolina Goic y el
Gobierno Regional de Magallanes, donde se explicó que si bien la Nueva Mayoría
cuenta con 21 senadores y necesitar sumar más cuando los quórum calificados así
lo exigen para determinadas iniciativas legislativas, no es bueno mezclar las
cosas ya que cada proyecto debe analizarse en su propio mérito.
Por su
parte, el sector opositor de centroderecha mira el devenir judicial del senador
Bianchi y esperan que “se haga justicia”, aunque la opinión que tienen de
Bianchi está lejos de ser positiva y lo califican de “zigzagueante”.
Prefieren
guardar silencio a la espera de lo que la justicia determine, pero recordaron
que allá por los años 2005-2006, el ahora senador era el representante legal de
la Sociedad Distribuidora Bories Limitada, donde debió enfrentar una serie de
dificultades.
Singularmente,
ya electo senador, votó a favor de otorgar mayores fondos al Transantiago y
consiguió financiamiento para algunas iniciativas regionales, lo que calificó
como “un triunfo”, pero fue duramente criticado porque eso contradecía su
postura contra el centralismo capitalino.
El
futuro del senador Carlos Bianchi está en manos de los fiscales que lo han
investigado y que lo han de acusar mañana.
Las
medidas cautelares que se soliciten por ellos determinarán que ha de ocurrir
con el parlamentario.
El peor escenario, analizan abogados y políticos
locales, es que se dé una difícil petición de desafuero y si eso llegara a
ocurrir, dado que fue electo como independiente y fuera de algún pacto, no
tiene reemplazante, por lo que Magallanes y la Antártica Chilena quedarían con
una representación parlamentaria de una senadora y dos diputados