El
14 de junio los docentes de la Escuela Bernardo O’Higgins dieron
comienzo a un paro de “brazos caídos”, como consecuencia de las acciones
adoptadas por la nueva dirección del establecimiento educacional que,
según los profesores y apoderados, implican vulneración de derechos
fundamentales de algunos trabajadores, menoscabo respecto de otros y
modificación unilateral de horarios y funciones para la mayoría. Esta
situación, ha generado la detención del servicio educativo en el
recinto.
Por
lo anterior, el Centro General de Padres y Apoderados, y de las
directivas de cada curso, presentaron ante la Superintendencia de Educación, una denuncia contra el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, para que se efectué la fiscalización correspondiente y un proceso sancionatorio.
En
el documento presentado, los apoderados aseguran que más de 300 alumnos
están sin asistir al establecimiento educacional, ya que no se están
impartiendo clases. Aseguran, “pese a lo anterior, los registros de
asistencia del sistema no guardan relación con la asistencia real. Esta
última circunstancia ya ha sido denunciada a esta institución, y por la
gravedad que reviste la misma, nos adherimos al requerimiento de
fiscalización ya ingresado. Es pertinente señalar que también se ha
comunicado de lo anterior al alcalde, y desconocemos si ha dado cumplimiento a la obligación de denuncia”.
Respecto
a los alumnos que sí asisten a clases, el documento precisa que estos
“no reciben los contenidos mínimos de los Planes de Estudio. Es más,
ante la falta de docentes en el aula, se
han fusionado hasta 3 cursos en una sala (sin cumplir protocolos
sanitarios), quedando a cargo de asistentes de la educación, que son
obligados a cumplir dicha función, fuera de su contrato y de la
normativa legal. Se están realizando evaluaciones sin que se cumpla con
el porcentaje mínimo de asistencia que para ello exige el Reglamento de
Evaluación del establecimiento”.
Los
apoderados de igual manera denuncian en el documento medidas “carentes
de racionalidad y criterio”, tales como reducción de la jornada escolar
sin autorización del Ministerio de Educación, la imposibilidad de
realizar reuniones, el impedimento a los apoderados de ingresar al
establecimiento, como también la negativa a entrevistas o audiencias y
el impedimento de que los estudiantes entre un minuto antes o después
del inicio de la jornada escolar.