Sin
duda, los efectos del estallido social y, posteriormente, la pandemia
del Covid-19 han ocasionado estragos en el aspecto socioeconómico de
muchos emprendedores y comerciantes magallánicos, que han tenido que
sortear condiciones adversas para poder subsistir en estos angustiantes
meses para su bolsillo, más aún cuando la fuente laboral de algunos se
sustenta en la organización de shows nocturnos y espectáculos que ya no
se pueden realizar, por el distanciamiento físico evidentemente.
Uno
de los vecinos de Punta Arenas que ha resultado afectado producto de
este complejo escenario es César Paredes Ulloa, quien es dueño de su
propia empresa llamada “César Producciones”, dedicada a la realización
de diversos eventos artísticos, musicales y culturales como fiestas,
bautizos, matrimonios, cumpleaños, conciertos, en los cuales empleaba
múltiples equipos y un avanzado sistema de iluminación y sonido.
Estallido social y pandemia
Sin
embargo, desde mediados de octubre del año pasado, cuando comenzó el
estallido social, se le generaron los primeros problemas, cuando una
serie de actividades que tenía programada junto a su staff fueron
canceladas o postergadas, situación que fue empeorando hasta que el
Coronavirus aterrizó en la región más austral.
“Desde
el estallido social ya partimos con problemas porque no podíamos abrir
las discos, estaba todo el problema en el centro de la ciudad y no
podíamos realizar eventos. Cuando pasó un poco esta situación trabajamos
dos fines de semana y luego comenzó la pandemia, lo cual nos afectó
económicamente a todo el equipo, además de los compromisos que uno tiene
con los proveedores, la adquisición de equipos, el pago de los sueldos,
y todo eso yo lo costeaba de mi bolsillo ya que nunca fui favorecido
con algún fondo o capital. Todo lo que he obtenido ha sido trabajando
en mis 40 años”, relató.
Nuevos problemas
César
entendía que con los recursos que tenía podía subsistir durante los 90
días que duraría inicialmente el estado de excepción constitucional de
catástrofe, sin embargo, transcurrieron los meses y el toque de queda se
extendió hasta septiembre, aumentando la desazón e incertidumbre del
productor, ya que además debía pagar la pensión de alimentos de su hija,
costear el arriendo de su hogar y cancelar los sueldos pendientes de
las personas que trabajaban con él. Una nebulosa de preocupaciones que
incluso afectó gravemente a su salud.
“Al
igual que todas las personas uno empieza a pensar qué va a pasar con el
arriendo que tengo que pagar mes a mes, qué pasa si no pago mis
boletas, qué pasa con la pensión de alimentos, qué pasa con los sueldos
de la gente, cómo pago el permiso de circulación y los consumos básicos,
y uno empieza a pensar todo eso y a preocuparse de los compromisos
comerciales que tenía, y de la noche a la mañana me empecé a sentir muy
mal, concurrí a un Sapu y estaba con 240 de presión. De inmediato me
trasladaron a la clínica, donde me hicieron los exámenes de
electrocardiograma y se dieron cuenta que no era un problema de la
presión alta, sino que yo estaba sufriendo un infarto al miocardio en el
ventrículo izquierdo y un problema al riñón”, detalló.
Recurso de protección
Entre
tanta oscuridad, el emprendedor local vio una luz de esperanza que
podría ayudar a sostenerlo económicamente en este difícil año. La
necesidad llevó a César a solicitar a la AFP Provida la liberación de
parte de sus fondos, y tal como lo esperaba, la respuesta fue negativa.
Debido a aquello, decidió interponer ante la Corte de Apelaciones de
Punta Arenas un recurso de protección para que la justicia pudiese
resolver este tema.
Al
respecto, el abogado Juan José Arcos explicó que su representado antes
de la pandemia tenía poco más de 6 millones de pesos en sus fondos y
ahora tiene cerca de 4 millones de pesos, por lo que manifestó que ha
habido una mala administración por parte de la AFP, y que además con ese
monto, su cliente solo podría optar a una pensión de 14 mil pesos
mensuales.
“Con
el tipo de administración que está llevando la AFP era impensable que
una persona que tiene 40 años de edad pueda llegar a los 65 años con un
fondo que le permita tener una jubilación, y más sobre todo si está como
independiente. Entonces, lo que planteábamos era solicitar retirar
parte del fondo para poder sobrevivir en este periodo de tiempo, y ante
eso se procedió a presentar este recurso de protección en el mes de
abril”, explicó.
“Derecho a la vida“
Precisamente,
esta semana comenzaron los alegatos, quedando la causa “en acuerdo”, a
la espera de una próxima resolución. “Aquí lo que nosotros alegamos no
tenía que ver con el derecho a la propiedad, sino que es el derecho a la
vida, porque una persona que tuvo un infarto, además en estas
circunstancias donde no puede trabajar ni tampoco va a poder sobrevivir
si no tiene una fuente laboral no tiene mucha lógica que le dejen
guardada la plata de la pensión si así como está no va a llegar nunca a
tener 65 años porque va a morir antes”, subrayó.
De
ser el fallo en contra de las pretensiones de su representado, el
abogado adelantó que llevará este caso hasta la Corte Suprema.
Finalmente,
César puntualizó que “con la afección cardiaca que tengo hoy, no sé si
voy a vivir un año más o una semana más, y ni siquiera voy a alcanzar a
disfrutar los 40 años que trabajé. Siempre se dice que en este tiempo
uno se quede en su casa y yo lo puedo hacer, me puedo quedar hasta
diciembre, pero también necesito trabajar para poder cumplir con los
compromisos que tengo”.