Argumentaciones de distinto carácter han expuesto actores políticos, empresariales y ambientalistas magallánicos para manifestarse de acuerdo o en contra de lo resuelto por la Comisión de Evaluación Ambiental, que aprobó el uso de tronaduras en Mina Invierno.
Actuar en consecuencia
El intendente de Magallanes, Jorge Flies, quien presidió la Comisión de Evaluación (CE) y votó a favor, dice que en estos casos son complejas las votaciones y lo que le corresponde a la institucionalidad es poder ir en línea con lo que han hecho sus servicios correspondientes. “En forma reiterada hemos pedido a los servicios que actúen en consecuencia y que no esperen la última instancia para rechazar o aprobar, sobre la base -probablemente- de posiciones de carácter más personal. En ese aspecto, y entendiendo los dos votos de rechazo (Desarrollo Social y Salud), quiero mencionar que diez servicios se manifestaron por la aprobación de este proyecto. Yo lamento que todo lo manifestado por la comunidad, representada por las exposiciones de Alerta Isla Riesco y Frente Ecológico Austral, no tuviera la oportunidad de ser presentada en procesos de participación, lo que muestra las falencias del sistema de Declaración de Impacto Ambiental. Sé que estamos en un proceso que -aun con la votación- podría retrotraerse si se aprueba el recurso interpuesto en la Corte de Apelaciones por distintas entidades. No obstante, hay elementos en los que yo espero podamos seguir avanzando: sistemas de evaluación y fiscalización, que en varios servicios son insuficientes”.
Excelente señal
Como una excelente señal para el sector productivo calificó el presidente de la CPC Magallanes, Alejandro Kusanovic, la decisión de la CE del Gobierno Regional de aprobar la utilización de tronaduras como método de extracción de material estéril por parte de Mina Invierno. “Aquí, la recomendación de la autoridad medio ambiental era aprobar las tronaduras porque se estaban cumpliendo todas las normativas medioambientales del país y la región, por lo que felicitamos a los integrantes de la CE por su decisión. Este no es un tema de apreciaciones personales porque existe una normativa”. Agregó que las tronaduras ayudan a disminuir la contaminación, porque se utilizan menos máquinas para remover el material estéril.
El dirigente empresarial criticó las presiones políticas indebidas a las que fueron sometidas las autoridades del Medio Ambiente por parte de personas que “no entienden que Magallanes requiere de inversión y trabajo para romper el estancamiento estructural de su economía”.
Dijo que cuando existe una normativa y las empresas la cumplen se debe autorizar y respaldar la actividad productiva y no entorpecer su desarrollo, tratando de satanizar a los empresarios. “Sin empresarios no hay inversión ni tampoco trabajo”, concluyó.
Otro tipo de energías
La presidenta nacional de la DC, senadora Carolina Goic, manifestó que “uno queda con un sabor amargo cuando ve que una modificación que es sustantiva al proyecto original -que no se planteó en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la Mina Invierno hace algunos años- hoy se presenta por la vía de una Declaración, evitando de esa manera el proceso de participación ciudadana y un estudio más profundo. Ahora, en un tema más de fondo, en todo el mundo desarrollado se avanza en la eliminación de combustibles fósiles, con compromisos muy concretos, que incluso Chile ha suscrito, asumiendo la responsabilidad ante el avance del cambio climático, desconcierta ver cómo avanzan estos proyectos e incluso otros de explotación de carbón, cuando lo que deberíamos hacer es promover otro tipo de energías”.
Cumple la normativa
El seremi del Medio Ambiente, Juan Marcos Henríquez, manifesfó que “debo expresar, quizás a título personal, la preocupación por los temas profundos de la legislación, que si bien no son resorte de la CE, deben llevarnos a una reflexión más profunda respecto de la legislación. Proyectos de esta envergadura deberían considerar la participación ciudadana, como una red importante para evaluar las decisiones. Sin duda, esta todavía incipiente institucionalidad ambiental, nos lleva tempranamente a evaluar que la fiscalización aún no cumple con los estándares que necesitamos y eso también tiene que ser objeto de modificación legislativa, que nos permita tener mejores herramientas”. La autoridad regional agregó que “sin duda, debe preocuparnos que un proyecto aprobado hace muy poco tiempo tenga modificaciones tempranas. Se le cataloga como fraccionamiento y, si es así, debería tener una evaluación diferente. Debo decir, no obstante, que el equipo técnico-jurídico y el personal del Ministerio del Medio Ambiente concluyeron que este proyecto cumple la normativa de la legislación medioambiental vigente y, por lo tanto, lo aprobamos”.
Es irresponsable
Desde ayer, Alerta Isla Riesco (AIR) comenzó el envío de una carta a autoridades regionales y nacionales, en la que les solicita oficiar a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) por no cumplir con su objetivo de “proteger el medio ambiente y la salud de las personas, asegurando el cumplimiento de la normativa ambiental. Esto, a propósito de la denuncia que AIR realizó hace más de 1 año y 8 meses, sobre contaminación con carbón en un río de Isla Riesco, en el borde costero, con 2 km de carboncillo, y la ruptura del humedal, sobre la cual la SMA aún no se pronuncia”.
Según la agrupación, “han hecho seguimiento de la denuncia a través de todas las vías y canales disponibles (incluida la solicitud de antecedentes través de Ley de Transparencia). Sin embargo, la única información obtenida ha sido que la denuncia ha sido acogida y que los antecedentes aún se encuentran siendo analizados”.
AIR indicó que la situación se agrava con la incorporación de tronaduras (explosivos) para la extracción de carbón de Mina Invierno en Isla Riesco. por cuanto su uso conlleva nuevos impactos y riesgos, tanto para biodiversidad como para el patrimonio cultural, económico y calidad de vida de los habitantes de Isla Riesco.
La organización ambientalista concluyó que “incrementar los riesgos sin un correcto y profundo estudio de posibles impactos, y a sabiendas de que la institución encargada de asegurar el cumplimiento de la normativa ambiental no es capaz de fiscalizar y sancionar a tiempo, es sumamente irresponsable, pues se pone por sobre el resguardo de la naturaleza y la sociedad, los intereses privados de aumentar la productividad”.