En un anuncio que ha generado una ola de críticas, el Gobierno confirmó que el próximo Presupuesto 2026 incluirá un recorte transversal del 2% en el gasto público de ministerios y gobiernos regionales. La medida, encabezada por el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, se presenta como un esfuerzo para garantizar la sostenibilidad de las finanzas del país ante un complejo escenario económico. Sin embargo, en la Región de Magallanes, donde el ajuste representa una reducción del 1.9%, las autoridades locales han expresado su profundo rechazo y preocupación por las repercusiones.
El ministro Grau, en una defensa de la decisión, argumentó que no se trata de una reacción improvisada, sino de una “trayectoria de convergencia fiscal”. Según el titular de Hacienda, la medida se enfoca en gastos operativos. Insistió en que el objetivo es la eficiencia del Estado, no una disminución de los beneficios sociales, y que los recursos deben destinarse a “iniciativas que impacten directamente en la ciudadanía”.
No obstante, la visión desde el extremo sur del país es diametralmente opuesta. El consejero regional Rodolfo Arecheta calificó la medida como una “evidencia concreta del descalabro económico de este gobierno”, lamentando que la cuenta de lo que él considera “recortes presupuestarios, desempleo y endeudamiento del Estado” la paguen todos los chilenos. “El oficialismo todos los días nos intenta convencer de una gestión aceptable en materia económica. Sin embargo, lo que se ve son recortes presupuestarios, desempleo y endeudamiento del estado. Esos son los hechos y la cuenta la pagamos todos los chilenos”, sentenció.
La principal preocupación en la región se centra en el impacto directo que el ajuste tendrá en los proyectos de desarrollo local. El consejero de Tierra del Fuego, Rodolfo Cárdenas, expresó una profunda inquietud por la “situación muy frágil” en la que Magallanes queda para ejecutar las propuestas planificadas para 2026. Cárdenas teme que “la reducción presupuestaria genere un estancamiento de iniciativas fundamentales”, entre las que mencionó el mejoramiento del borde costero, la pavimentación de la ruta Porvenir-Cerro Sombrero y el mejoramiento del aeródromo de Porvenir. Además, advirtió que estos recortes influirán negativamente en la actividad laboral y económica en Tierra del Fuego, Puerto Natales y otros puntos de la región.
En la misma línea, el CORE de la Provincia Antártica, José Luis Paredes, aunque reconoció que el ajuste es “necesario” dada la situación fiscal, no dudó en atribuirlo a una “pésima administración” del actual gobierno. “No deja de ser lamentable, por que son recursos que dejan de llegar a la región, es plata que para nosotros en Williams nos serviría mucho para todas las necesidades que tenemos”, señaló Paredes, enfatizando que la situación es consecuencia directa de una mala gestión de las arcas fiscales.
Finalmente, el consejero y militante del Frente Amplio, Arturo Díaz, se unió a las críticas. Señaló que la reducción del 1.9% “no puede ser recibida como una buena noticia” y advirtió de las “repercusiones muy negativas” que tendría en la región, afectando directamente la empleabilidad y el inicio de diferentes etapas de obras en carpeta. “Espero que esta decisión sea revertida por el bien no sólo de Magallanes sino por todas los gobiernos regionales que son un inmenso aporte para el desarrollo integral de sus territorios”, concluyó, haciendo un llamado a revertir la medida.
La polémica está servida, y el debate sobre el Presupuesto 2026 promete ser uno de los más intensos de cara al próximo año, con las regiones exigiendo respuestas y una mayor vocación por la descentralización.