El
documento de tres páginas explica que eliminará el orden de prelación
establecido hasta hoy para las personas que quieren adoptar, y donde se
establece que se prioriza a las parejas chilenas casadas, seguidas por
los matrimonios extranjeros, las solteras y las divorciadas o viudas que
cumplan con los requisitos establecidos por la ley.
No
obstante, la reforma establece “una preferencia legal por adoptantes
que le den una ambiente familiar con padre y madre”, lo que dejaría
fuera a las familias constituidas por una pareja de mujeres
o de hombres.
A raíz de esto, se estaría dificultando a los más de
9.000 niños, niñas y adolescentes que actualmente están al cuidado del
Servicio Nacional de Menores (Sename) de poder
optar a una familia que, pese a su orientación sexual, pueda otorgarle
las mejores condiciones de vida y de desarrollo personal.
Esto es
particularmente grave, ya que anualmente sólo se declaran a alrededor de
500 familias idóneas para adoptar.
Juan Enrique Pi, presidente ejecutivo de Iguales, criticó y rechazó la
propuesta del Gobierno, por actuar bajo prejuicios e ignorando el
interés superior del niño.
Comentó
que “es incomprensible la posición del Ejecutivo, arguyendo que
establecer una preferencia legal de ciertas familias por su composición, y no por su idoneidad, es dar la espalda al interés superior del niño y privilegiar los prejuicios que van contra toda evidencia científica.
Iguales
hizo un llamado a los parlamentarios a aprobar una ley que, a
diferencia del Gobierno, sí priorice el bienestar de los niños por sobre
las ideologías.