En
una asamblea de padres y apoderados, anoche el Colegio Rubén Darío de
Punta Arenas anunció que a partir de 2016 pasa de ser subvencionado a
particular pagado, convirtiéndose de esta forma en el segundo
establecimiento educacional de la capital magallánica en tomar esta
determinación, tras el Liceo Nobelius.
Al
confirmar esta noticia, Diario El Pingüino se contactó con el director
del colegio, José Raúl Alvarado, quien indicó que “ya se realizó una
asamblea de dos, para comunicar y explicar a los padres y apoderados
sobre la decisión adoptada”.
Asimismo,
Alvarado, manifestó que “se dio a conocer en una asamblea inicial con
un grupo de padres y apoderados de que el Colegio Rubén Darío cambiará
su modalidad a particular pagado. La otra asamblea, se realizará mañana
(hoy), pero esto ya se había comentado e informado al personal del
colegio, docentes, equipo de gestión y a la directiva general del
centro de padres. Esta decisión, está dentro del marco de la ley, porque
cuando un colegio desea irse al mundo privado o un colegio desea
ingresar a la modalidad de particular subvencionado, como era antes, se
tiene que dar cuenta antes del 30 de agosto a la Secretaría Regional de
Educación (Secreduc) y esta normativa hasta el día de hoy, sigue
vigente”.
Agregó
Alvarado que “en este sentido, como colegio se avisará antes del 30 de
agosto próximo a la Seremi de Educación, que nuestro establecimiento, a
partir del 1 de marzo de 2016 será particular pagado”.
– ¿Cuáles fueron las razones para tomar esta decisión?
“Todas
las decisiones que tomen los sostenedores en los colegios, obviamente
que van de acuerdo con la realidad que tiene cada establecimiento
educacional, por lo tanto, no todos son iguales. En el caso nuestro,
nosotros no somos dueños del inmueble y al no ser dueños, nosotros
quedamos afectos a la ley y esta dice que un inmueble en arriendo debe
quedar el cobro de acuerdo a lo que corresponde al avalúo fiscal que
tenga la propiedad y este es un tema de no decisión nuestra, entonces,
¿cuánto vamos a pagar más de arriendo? Por lo tanto, es una decisión del
dueño de la propiedad, entonces, en materia de avalúo fiscal, ya se
provoca el primer impasse, porque si el dueño está cobrando más que el
avalúo fiscal, es imposible que se produzca una rebaja”.
La
otra razón, es que se tiene que fijar un contrato a ocho años plazo,
es decir, también se le está colocando condiciones al dueño de la
propiedad, entonces la ley es quien coloca estas condiciones al dueño de
la propiedad y esto es complicado porque ahí también se genera un
drama. Los que son dueños de los inmuebles, como lo son los colegios
salesianos u otros, pueden en su momento determinado destinar sus bienes
y transformarse en corporaciones de derecho privado sin fines de lucro,
es decir, aquí está mi propiedad señor, hagan lo que quieran, pero cuidado, esa propiedad no puede ser utilizada con otro fines que no sea educacionales, donde no se pueden arrendar”.
En
cuanto a los recursos asignados, la primera autoridad académica del
Rubén Darío señaló que “quedamos afectos a que los recursos que ingresan
al colegio en su totalidad, como los que provienen de los padres y de
la subvención del Estado, están dirigidos sólo para los que la ley
indica, es decir, el sostenedor queda amarrado porque no puede en su
momento determinado, seguir administrando lo que administraba. En el
fondo, un sostenedor como nosotros si nos pasamos al mundo público, el
sostenedor nuestro queda como dueño a empleado, porque queda sujeto a un
sueldo y el sueldo se fija de acuerdo a la cantidad de matrículas que
tenga el colegio y de acuerdo con los ingresos que tenga el
establecimiento, por ende, se fija la renta también del administrador
que en algunos casos puede ser el sostenedor pero en otros no”.
– ¿Y en el caso del Rubén Darío?
“En
el caso del Rubén Darío, el sostenedor al día de hoy trabaja en el
colegio, pero hay sostenedores que no trabajan en los colegios y si no
trabajan en ellos, la ley indica que no pueden ser administradores y
esto nosotros no lo vamos a permitir”.
– ¿Por qué hay que avisar antes del 30 de agosto?
“La
ley 20.845 entra en vigencia el 1 de marzo de 2016, entonces esta ley
indica que todos los establecimientos que deseen cambiar de modalidad
tiene como plazo hasta el 30 de agosto y si no se avisa en esa fecha, el
establecimiento queda afecto a la 20.845 por todo el 2016 como colegio
subvencionado pero bajo el alero de esta ley, entonces aquí uno se
transforma en un empleado y eso no lo vamos aceptar”.
– Entonces, ¿descartado irse al mundo público?
“Hay
varias cosas que son de peso, que nosotros no podemos irnos al mundo
público, es imposible, porque si el dueño nos cobra más en el arriendo,
el otro año a él no le va importar la ley o la reforma, sobre todo si es
un contrato por ocho años. Aquí, hay una estatización encubierta,
porque si todos reciben platas del Estado como los colegios
subvencionados, que son manejados por sostenedores privados y los
establecimientos municipalizados, que son administrados por sostenedores
gubernamentales, como las corporaciones, los Daem, a través de los
municipios, entonces nadie entiende nada. Aquí van a quedar dos cosas,
los que pueden pagar y los que no pueden pagar”.
– ¿Cómo serán los aranceles para el otro año?
“Nosotros
vamos a manejar nuestros aranceles lo más bajo posible, y serán entre
un tramo de 120 mil pesos hasta un tope máximo de $ 170 mil, mensuales,
dependiendo en que nivel quede el alumno, si es básica o media, pero
será informado antes del 30 de agosto, porque todavía se está analizando
esta situación”.
– ¿Hay un riesgo de que los alumnos emigren a establecimientos subvencionados o municipalizados?
“Creo
que los riesgos están dados en los dos bandos, porque en los dos bandos
van a haber cambios, por lo tanto, pienso que va a haber un movimiento
de masa juvenil en edad escolar y lo más probable que anden deambulando
con sus padres para conseguir un establecimiento en ambos sectores
debido a que aquí, es una decisión de los padres donde van a estudiar
sus hijos, por lo tanto, los apoderados van a elegir que colegio es que
ofrece mejor seguridad, transparencia, profesionalismo, responsabilidad,
clases permanentes que no hayan paros, huelgas ni tomas, entonces todos
estos temas los padres lo van a evaluar junto con el bolsillo”.