Finalmente,
y tal como lo adelantó Pingüino Multimedia, el Tribunal Oral en lo
Penal de Punta Arenas resolvió reprogramar todos los juicios que estaban
agendados desde ayer para el mes de septiembre, debido a la prórroga de
90 días del Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe que
decretó el Presidente Sebastián Piñera, debido a la crisis sanitaria y
socioeconómica del Coronavirus.
Cabe
señalar que esto ya había sucedido en marzo, y recién el 1 de junio se
retomaron las audiencias pendientes por videoconferencia, aunque en
casos que no tenían un mayor impacto para la comunidad, y obviamente
tras consultar la voluntad de los mismos imputados.
Al
respecto, el magistrado Guillermo Cádiz explicó que los seis juicios
que se realizaron en las últimas dos semanas fueron posibles únicamente
porque hubo un acuerdo expreso entre la Fiscalía y la Defensoría, asunto
que no ocurrió con las audiencias que se iban a realizar a partir de
ayer, puesto que los defensores impugnaron por medio de recursos de
protección que estas audiencias se realizaran por videoconferencia.
“En
este nuevo escenario, las partes podrán adelantar algunos juicios de
común acuerdo o bien a solicitud de alguno de ellos, y sólo previa
audiencia en la que se escuche a todos los intervinientes, podrían
calificarse de casos urgentes, adelantando su realización”, dijo el
juez.
Sin
embargo, este nuevo aplazamiento no dejó a todos contentos, puesto que
el fiscal regional Eugenio Campos calificó esta medida como “un balde de
agua fría”, asegurando que a la fecha ya se han suspendido 48 juicios,
por lo que sostuvo su tesis de que estaría absolutamente comprobado que
las audiencias virtuales permitirían un contacto directo que no vulnera
derechos ni garantías fundamentales tanto de los acusados como de las
víctimas.
Privilegiar la voluntad del imputado
Al respecto, la Defensora Regional Gustava Aguilar valoró la decisión
del tribunal, y fue enfática en señalar que al realizar los juicios de
manera remota se infringen las normas del debido proceso, sin cumplir
con las garantías judiciales mínimas ni con los principios que inspiran
el sistema procesal penal, como la inmediación o la posibilidad de la
defensa de confrontar la prueba de cargo.
“Siempre
vamos a privilegiar la voluntad del imputado. Cuando se pidió en los
casos que los colegas presentaron los recursos de protección, de los
cuales después se desistieron, en cada uno de esos casos los defensores
se entrevistaron con sus representados. Si el imputado estima que no
siente que sus garantías judiciales mínimas y su derecho a tener un
juicio justo, y prefiere esperar y no acceder a que se realice de manera
remota, en ese caso obviamente que vamos a estar a la voluntad del imputado”, sostuvo.
Sobrecarga de causas
Consultada ante la crítica fundada del jefe del Ministerio Público en Magallanes, la abogada señaló que
“yo respeto las opiniones del colega, que tiene una postura que puede
diferir de la nuestra, pero acá cada parte va a defender los intereses,
no de la institución, sino que de las personas. Yo entiendo que él esté
cautelando el derecho de las víctimas, pero nosotros tenemos que
cautelar los derechos de nuestros representados. Hay principios que
precisamente el Sistema Procesal Penal los consagra, como que son
inevitables e ineludibles, y son el sustento del juicio oral, que es el
núcleo central del proceso penal”.
Finalmente,
y ante la posibilidad de que en septiembre se evidencie una inminente
sobrecarga en el sistema judicial ante el número de causas que están
pendientes, la defensora Aguilar sentenció que “hemos manifestado es que
si el día de mañana hay que realizar más juicios en menos tiempo,
nosotros estamos dispuestos a hacer el esfuerzo y con la mejor disposición”.