Dicen
que es difícil es difícil trabajar con él, que no tiene liderazgo ni
gestión, que sus labores propias las delega en sus subalternos y que
impone tareas antojadizas. Son testimonios de trabajadores del Servicio
Local de Educación Pública (SLEP) de Magallanes respecto del subdirector
de la unidad de Mantenimiento e Infraestructura Escolar, Ángel Alvarado
Castillo.
A
veces -aseguran los denunciantes- se sujetaba la cabeza, como si las
responsabilidades mismas fueran más grande que él. En otras ocasiones,
se tiraba el pelo. Hubo quienes, incluso, lo escucharon gritar al aire.
Cuando
a los miembros del Servicio encargados de recibir denuncias por acoso
laboral se les contó esto, algunos señalaron que el apoyo fue nulo: que
Mario García, director ejecutivo de la entidad, no tomó contacto con
nadie; que en el área jurídica del departamento de Gestión de Personas
se dedicaron única y exclusivamente a escuchar y asentir, sin dar cuenta
de plazos, procedimientos ni medidas provisorias. Y que las alarmas se
levantaron recién cuando se les dijo que esto iría a Contraloría. Fue
como si eso les hubiese hecho “tomar en serio” el tema, precisó uno de
los denunciantes.
Por
otra parte, en Contraloría advirtieron una falencia inmediata: que las
denuncias mismas no estaban siguiendo el protocolo de Ley Karin, pues la
institución tenía la obligación de dar cuenta de plazos y medidas de
resguardo de primera acción.
En total, son al menos cuatro denuncias de diferentes funcionarios del SLEP, todas relacionadas con malos tratos.
Hubo
unos trabajadores de fuera del área de Alvarado que tuvieron que
recibir sus órdenes a regañadientes, que las entregó de mala manera,
aunque no fueran parte de su departamento. A otros -aseguran- los
denigró frente a otros miembros del equipo. Cuentan que a veces les
recordaba que él era el subdirector o, por si fuera poco, enviaba
correos reiterativos, con plazos y órdenes que nada tenían que ver con
las labores propias de su sección.
Agregan
que hubo otro al que lo obligó a cumplir jornada de más de 10 horas,
aunque estuviera contratado por honorarios (que es una forma legal
sumamente precisa: no se deben cumplir horarios). El subdirector le
habría dicho que ese contrato se mantendría, como máximo, por dos meses y
que luego se realizaría un concurso público. Pero el cambio nunca
llegó.
Fue
el viernes 23 de agosto que a Ángel Alvarado se le notificó que
comenzaría un sumario en su contra. Coincidentemente, el lunes 26 del
mismo mes presentó licencia médica. Al día de hoy, jueves 5 de
septiembre, no ha ido a trabajar.
Pingüino
tomó contacto con el departamento de comunicaciones del Servicio, pero
declinaron referirse al tema dado su carácter: en desarrollo y
reservado. La solicitud fue elevada incluso a la Dirección de Educación
Pública (DEM) del Ministerio de Educación. Tampoco hubo respuesta.
Los denunciantes pidieron mantener su identidad en reserva, por temor a represalias y a perder su fuente laboral.