El Tribunal de Contratación Pública desestimó ayer una nueva presentación por parte de la defensa de la Municipalidad de Punta Arenas en el litigio que sostiene la comuna por la licitación del servicio de recolección de basura domiciliaria, que fue declarada “ilegal y arbitraria” por esa Corte en 2011 y que, según ese mismo fallo, debe retrotraerse.
Luego de varios recursos y apelaciones que han ratificado la decisión del TCP incluso ante la Corte Suprema de Justicia, el municipio había presentado un recurso de reposición en que buscaba revertir la decisión del TCP de cobrar la primera multa efectiva en contra de la municipalidad, por un monto de 1 UTM (cercano a los $ 43.000).
Pese a lo bajo del monto -que el mismo alcalde de Punta Arenas, Emilio Boccazzi, calificó de “irrisorio”-, desde la defensa de la empresa Román Haro (que demandó al municipio) argumentaban que la aplicación del apremio venía a confirmar que la municipalidad ha incumplido el fallo dictado por el TCP. Por lo mismo, evaluaban acciones legales en un tribunal civil, en la que buscarían acusar al municipio de desacato.
Para revertir la decisión del TCP, el municipio presentó un recurso de reposición en el que argumentaban que el fallo se había cumplido y que, por lo tanto, la multa no era aplicable.
Tal argumentación fue desestimada ayer por el TCP, que declaró que, pese a los documentos presentados por la defensa municipal, el fallo “no se ha cumplido a cabalidad”, puesto que el municipio “aún no ha dispuesto retrotraer el proceso licitatorio al estado de resolver la propuesta”.
Ello, en línea con lo expuesto por la defensa de la empresa Román Haro, que argumetnaba que el decreto alcaldicio enviado por la municipalidad a la Corte “cumple parcialmente” con la decisión del tribunal y que, además, llega “con 109 días de retraso” frente al ultimátum que el mismo TCP dio a la comuna para acatar la resolución, que venció el 25 de abril pasado.
Según la defensa de Haro, faltaría ahora por volver la licitación al estado anterior a la adjudicación, para otorgar el contrato al que corresponde en vez de a la empresa Servitrans, que obtuvo el quinto lugar en la evaluación de la comisión administrativa del municipío.