Este miércoles, el Senado aprobó el proyecto de ley que busca fortalecer a las universidades estatales, iniciativa que en los próximos días será revisada en su tercer trámite constitucional.
La normativa establece la creación de un Consejo de Coordinación, cuya misión es ordenar la comunicación entre el Estado y las universidades estatales con una visión estratégica y a largo plazo.
Asimismo, busca fomentar las actividades de las instituciones universitarias respecto de las necesidades de las regiones donde se encuentran ubicadas, además de fortalecer su financiamiento permanente (basal) a través del Convenio Marco para Universidades Estatales, que establece un fondo de fortalecimiento de $ 300 mil millones para los próximos años.
Durante su discusión, algunos parlamentarios cuestionaron los artículos referidos a la autorización especial que sólo tendrán las instituciones estatales para aumentar su oferta académica, cada vez que se necesite apoyar el desarrollo estratégico en las regiones.
Ante esto, los parlamentarios de Chile Vamos calificaron la medida como “discriminatoria” para las universidades públicas del G9.
Impacto relativo
El rector de la Universidad de Magallanes (UMAG), la estatal más austral del país, pone en duda el impacto positivo que podría tener para la institución que dirige, la posibilidad de que pueda ampliar la oferta académica si la región así lo amerita para su desarrollo.
“El tema de la oferta académica, que tiene que ver con el ingreso de alumnos, para nosotros la UMAG- no es tan relevante, porque las que se favorecen bastante con esto son las universidades cercanas a la Región Metropolitana, pero para nosotros es muy difícil, aunque nos digan, por ejemplo, ‘aumenten su matrícula en un 10 por ciento’, estaremos limitados, ya que es siempre más o menos la misma cantidad”, explicó Juan Oyarzo.
Por el contrario, agregó, “colóquele el 10 por ciento a la Región Metropolitana, inmediatamente la Universidad de Chile y la Universidad de Santiago (Usach) van a tener una cantidad significativa de alumnos”.
Por otro lado, no resultó una novedad para el rector Oyarzo el aporte basal, por cuanto “ya sabíamos que se les iba a dar a las universidades 300 mil millones de pesos, repartidos en diez años, y si sacamos la cuenta por año, es la décima parte de eso y después tenemos que dividirlo entre las 18 universidades.
Tampoco la forma de distribución está totalmente definida, pero aun así es un monto basal que vamos a tener. Eso a nosotros nos deja más tranquilos”.
Sobre la ampliación de la oferta académica sólo para las universidades estatales, lo que fue definido por los parlamentarios de Chile Vamos como “discriminatorio” para el grupo de instituciones de educación superior que integran el denominado G9 (universidades públicas, pero privadas), la máxima autoridad de la UMAG se mostró sorprendido, por cuanto ese aspecto dice se estaba evaluando a nivel del Cruch, conformado por estatales y públicas privadas; “pero bueno, si es así, ahí habría una diferencia entre lo que le podría llegar a la Universidad de Chile y lo que podría llegar a la Universidad Católica”.
¿Es el lugar donde está situada la universidad el punto clave para definir si esta medida es beneficiosa o no lo es?
“El lugar geográfico influye mucho. Por ejemplo, la Universidad de Aysén, que no tiene ni cien alumnos, aunque le digan que aumente, de dónde va a sacar estudiantes”.