Tan pronto como el intendente de Magallanes, Jorge Flies, asumió que, de reunirse más de 1.000 UF de multa en un año, podría extinguir el contrato entre la intendencia y la Sociedad de Rentas Inmobiliarias (SRI) por la administración de la Zona Franca de Punta Arenas, en la asociación gremial de usuarios (la Cámara Franca) soplaron aires de victoria.
La organización, que ha sostenido insistentemente que los incumplimientos de la empresa concesionaria son suficientes para poner fin al convenio, ponía sobre la mesa la calculadora: las 200 UF reclamadas ayer por Flies -por obras comprometidas en el contrato que no se ejecutaron- se sumaban a otras 1.900 UF cobradas por Claudio Radonich en marzo, tras un dictamen de Contraloría. Con ello, había razón suficiente para hacer caso de la cláusula que considera una falta grave la acumulación de más de 1.000 UF de multa en un año, un escenario en que la intendencia podría extinguir el contrato.