En el Gobierno Regional de Magallanes saben que la presión es alta. Hace más de un mes que el intendente Jorge Flies dijo, como estimación, que a fines de octubre se tomaría una decisión sobre el contrato de concesión de la administración de la Zona Franca de Punta Arenas, operado por Sociedad de Rentas Inmobiliarias (SRI) desde 2007, y cuya ejecución se encuentra cuestionada.
La fecha mencionada por la máxima autoridad regional por esos días está próxima a cumplirse, pero en el Gobierno Regional (GORE) las cosas no han avanzado mucho. Se esperan, según detalló el mismo Flies, respuestas de Contraloría y del Consejo de Defensa del Estado sobre cuestionamientos que la intendencia ha hecho a diversos documentos encontrados durante la investigación que la autoridad hizo durante el primer semestre.
Una de las dudas más relevantes para una eventual decisión de Flies tiene que ver con un documento firmado por el ex intendente Mauricio Peña y Lillo y que fue dado a conocer públicamente por la asociación gremial que reúne a los usuarios de la Zona Franca de Punta Arenas, la Cámara Franca.
Se trata del acta de una reunión sostenida el 6 de septiembre de 2013 en el edificio de la intendencia, donde, de acuerdo con el gremio, el entonces jefe del GORE habría puesto de manifiesto su intención de hacer lo que ellos consideraron un “perdonazo” a los presuntos incumplimientos de SRI.
Al publicarse dicha acta, Diario El Pingüino contactó al ex jefe del GORE, quien desestimó referirse al tema.
En el documento, constan acuerdos por los que se consideraría que la empresa ha cumplido con el 6% de reinversión anual, lo que en la Cámara Franca han sostenido que no ha ocurrido, y que es una de las razones por las que, dicen, la empresa debe ser multada con más de $ 7 mil millones.
Los acuerdos alcanzados en esa reunión son lo que preocupa al actual GORE. La pregunta a Contraloría es directa: se busca determinar si lo firmado por Peña y Lillo es o no vinculante para la intendencia.
De serlo, las eventuales multas aplicadas por la autoridad a SRI podrían ser sustancialmente menores.
Una segunda duda tiene que ver con la supuesta cesión de concesión. Se trata de uno de los principales argumentos que tiene la Cámara Franca para afirmar que el contrato entre el Gobierno y SRI debe ser extinguido: de acuerdo con una auditoría encargada por el Ministerio del Interior a la consultora Ernst & Young, SRI operó con una empresa espejo (Rentas Pacífico Sur Ltda.), a la cual cedió parte de la concesión. Ello es, según el contrato, causal de extinción.
El actual GORE busca contar con un pronunciamiento oficial de Contraloría sobre este punto, para determinar si existió o no dicha cesión y si, por lo tanto, hay fundamentos para terminar con el contrato.
Los trámites pendientes para tomar una decisión no terminan ahí. La Intendencia de Magallanes ofició también al Consejo de Defensa del Estado, entidad que tendrá que responder si existió o no perjuicio fiscal.
A ello, se suma una duda crucial sobre las atribuciones del intendente: se trata de una materia de discusión que ha enfrentado a la Cámara Franca con la Seremi de Hacienda. La pregunta es si, frente a una cesión de concesión -que es causal de extinción del contrato- el intendente está obligado a extinguir o se trata de una facultad discrecional.
Las respuestas a esas consultas son cruciales para que Jorge Flies tome una decisón sobre el contrato de concesión que ya lleva 7 años en ejercicio. Ello, porque, según ha declarado el propio jefe regional, se pretende que la determinación tomada por este Gobierno sea duradera y en derecho, evitando posibles cuestionamientos de futuras administraciones.
Ello, reconocen en el Gobierno, podría no pasar dentro del mes de octubre, pero la voluntad es clara: es preferible demorar la decisión a dar un paso en falso.