La decisión de la Contraloría General de la República de formular cargos en contra de siete generales del Alto Mando de Carabineros por eventuales irregularidades del personal policial a su mando, durante el estallido social, ha desatado profunda controversia a nivel nacional y también regional.
En lo inmediato, la defensa de tres de los siete altos mandos de Carabineros investigados por el órgano contralor, aseguraron que se trata de un caso de “desviación de poder”.
Los abogados de Mauricio Rodríguez, Enrique Bassaletti y Enrique Monrás afirmaron que “el Alto Mando de Carabineros de Chile, de manera conjunta y, en cada caso, individualmente dentro de cada una de sus competencias, realizaron y ejecutaron sucesivamente todas las actuaciones razonables y posibles para prevenir, impedir y sancionar eventuales conductas verificadas fuera de protocolo producidas como consecuencia de los múltiples hecho delictivos ocurridos desde octubre de 2019 y la grave afectación al orden y seguridad pública”, afirmó la defensa a La Tercera.
A nivel regional, la reacción fue de profunda preocupación por el actuar del órgano contralor.
UDI
El presidente regional de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Fernando Paredes, comentó al respecto: “Siempre, es bueno que las instituciones funcionen. Ésa es la primera señal que debe entender toda la comunidad. Lo segundo es que, claramente en esa misma línea, todo requerimiento de información o investigación desde el punto de vista administrativo, eso puede darse, pero lo más importante es no seguir debilitando a una institución que está llamada a resguardar el orden y la seguridad que es Carabineros de Chile. Creo que es necesario que se aclare, desde el punto de vista administrativo, si procede o no procede que un contralor esté requiriendo investigación desde el punto de vista administrativo, pero lo importante a mi juicio, es que ello no signifique un debilitamiento a la institución de Carabineros que está llamada a dar garantías al orden y la seguridad en nuestro país”, declaró el presidente regional de la UDI.
RN
A su vez, para el presidente regional de Renovación Nacional (RN), Gabriel Vega, “buscar responsabilidades administrativas, si no las busca el Presidente de la República sobre el mando de la institución y, en cambio, que sean los órganos contralores quienes lo hagan, me parece inadecuado. El rol del órgano contralor debiera ser fiscalizar la utilización de los recursos y no las responsabilidades administrativas que son más bien políticas. Ahí está la diferencia”.
-¿Contraloría estaría entrando entonces en un rol político con este proceder?
“Claro, eso es lo que planteo. Creo que hay responsabilidad, incluso penal en los carabineros que sobrepasaron el uso de la fuerza y fue desmedido. Son excepciones, conocidas y juzgadas. Pero buscar responsabilidades administrativas de estos temas sobre los superiores me parece inadecuado, porque esas responsabilidades son políticas y Contraloría no debiese cruzar esa puerta”.