Todo pasa por la interpretación de un reglamento. Esa fue,
básicamente, la razón por la cual la Contraloría General de la República se abstuvo
de tomar razón de la adjudicación del contrato por más de $ 9 mil millones,
destinados a la conservación mayor de la pista 12-30 del Aeropuerto Presidente
Carlos Ibáñez del Campo de Punta Arenas, una decisión que hoy es analizada en
Santiago y que podría retrasar el cronograma de inversiones del Ministerio de
Obras Públicas en la región.
La decisión del ente fiscalizador fue dada a conocer el 22
de mayo pasado, luego de un proceso licitatorio en que participaron cuatro
empresas: de la apertura de ofertas económicas, saldría vencedora Imaco, una
compañía con poca experiencia en la región.
La polémica, sin embargo,
se generó con el consorcio formado entre las constructoras Vilicic S.A. y Salfa
S.A., quienes presentaron una oferta en conjunto, cuyo monto no llegó a ser
conocido. La posibilidad de adjudicar la obra a un consorcio de compañías fue
cuestionada por los profesionales de la Seremi de Obras Públicas, consultada al
nivel central y, finalmente, desestimada: ambas compañías fueron descalificadas
del proceso.
En las empresas anunciaron
que tomarían medidas para revertir la situación: el reclamo fue hecho ante el
ministerio, la Contraloría y, finalmente, el Tribunal de Contratación Pública.
Argumentaron que no sólo no hay reglamento que prohíba acceder al contrato a
través de un consorcio; junto con ello, en la etapa de preguntas y respuestas
de la licitación, dicha posibilidad fue consultada y la respuesta fue escueta:
“remítase al reglamento”.
(Información completa en Diario El Pingüino)