La jueza titular del Juzgado de Letras del Trabajo de Punta
Arenas, Claudia Ortiz Quinteros, condenó a la Corporación Municipal de Punta
Arenas (Cormupa) por la vulneración de derechos fundamentales en contra del
profesor Mario Enrique Rivera Araya, fallando a su favor con el pago de 4
millones de pesos por concepto de daño moral, acreditando que existió en la
disminución de sus funciones, persecución política ejercida por Domingo Rubilar
(PPD), ex candidato a diputado y asesor del alcalde Emilio Boccazzi.
El inicio de la disputa con la actual gestión alcaldicia se
remite a marzo de 2013. Rivera, militante demócrata cristiano, tras no ser
designado en el concurso de directores y debiendo cesar en el cargo de director de la Escuela
Manuel Bulnes, por modificación de contrato se le asignó labores como inspector
general del Liceo Bicentenario Luis Alberto Barrera.
Las funciones mandatadas versaban, entre otras, sobre el
control del régimen disciplinario, de salud y bienestar del alumnado,
atendiendo su formación moral y de desarrollo.
Además, de múltiples labores administrativas, el docente debía velar
para que los profesores de ese liceo público, efectúen sus
actividades en forma coordinada procurando su máxima integración y disponiendo
el personal para la atención de los estudiantes.
En un primer momento, esta destinación contó con la anuencia
del director del establecimiento, José Saldivia Díaz (también DC), y del
secretario de la Cormupa de la época, Hugo Bizama Pommiez. Hasta octubre de 2013, todo marchó sin contratiempos,
y posterior a esta fecha, y coincidentemente, con el término de las
elecciones parlamentarias, Saldivia dejó
de considerarlo en el desarrollo de la gestión administrativa y pedagógica del
liceo.
Las funciones otorgadas a Rivera, fueron absorbidas
unilateralmente por otro inspector general, y sus labores se vieron disminuidas
drásticamente a prestarle apoyo profesional, además de rendirle cuentas a este.
Perdió, por consiguiente, su asignación directiva, la que ascendía a $ 70 mil
mensuales.
En septiembre de 2014 denunció los atropellos a sus derechos
laborales, a su honra y prestigio profesional, al ex secretario general de
Cormupa, abogado Hermes Hein Bozic, y este, en enero de 2015, modificó su
contrato nombrándolo administrador educacional del Liceo Bicentenario.
Sus tareas quedaron determinadas por lo que señala el
artículo 7 bis del DFL 1/96, que eran
supervisar y evaluar el trabajo del personal regido por la ley 19.464. Hein le otorgó la asignación de
responsabilidad directiva del artículo 51 del DFL 1/96 correspondiente a un 20%
calculada sobre la remuneración básica mínima nacional y se lo contrató de
manera indefinida. Se imparten instrucciones al director del Liceo
Bicentenario, pero pese a ello, nunca se cumplieron las indicaciones
contractuales.
Rivera narró que hubo persecución en su contra que significó
la reducción de su cargo a la mínima expresión, “llegando a las 07:45 horas
a su oficina, debiendo estar sentado todo el día y no haciendo
absolutamente nada. Se va a las 18:30 horas, y su única función es marcar la entrada
y salida del trabajo, lo cual es humillante para una persona con su
trayectoria, lo cual lo tiene a maltraer, porque no puede aceptar que, en el
ocaso de su vida laboral, en vez de trabajar aplicando sus conocimientos e
imprimirlos en su actividad diaria, se le tenga sentado todo el día sin hacer
nada”, dice la sentencia firmada por Ortiz.
Trayectoria
La trayectoria del profesor Mario Rivera se remonta al año 1972,
desempeñándose como docente de aula, jefe regional de Deportes en la Secretaria
Ministerial de Educación, coordinador comunal de educación extraescolar en la
Municipalidad de Punta Arenas, director de la Escuela República de Croacia por
cerca de 15 años, director de la Escuela Manuel Bulnes desde el 2008 al 2013,
presidente del Consejo de Directores de Establecimientos Educacionales
Municipalizados por casi una década, y desde marzo de 2013 ocupó el cargo de Inspector General
del Liceo de Hombres Luis Alberto Barrera, detentando a la fecha, la calidad
de docente de planta de la Corporación
Municipal.
El incumplimiento continuo significó que la Inspección del
Trabajo aplicara una multa administrativa de 60 UTM, casi 2 millones 600 mil
pesos, por infracción a los artículos 7
y 506 del Código del Trabajo, fundada en síntesis en no otorgarle el trabajo
convenido, en sus nuevas funciones como Administrador Educacional, según lo
pactado en modificación de contrato del docente de enero e instrucciones de
marzo de 2015 de Hein al Director del Liceo Luis Alberto Barrera.
Represalia
Fueron llamados al estrado como testigos José Álvarez
Perovic, paradocente del liceo; Patricia Ester Vera Nahuelquin, secretaria;
José Ramón Saldivia director; Víctor Lara Yáñez, director de recursos humanos y
remuneraciones; Rodrigo Henríquez
Narváez, asesor jurídico del municipio local y el ex secretario de Cormupa
Hermes Hein.
La jueza Ortiz, en su sentencia señala que “de la
declaración del señor Hein, (…) se
desprende que la modificación se debió a
que el año 2013 recibió instrucciones de sus superiores, en orden a que el
actor (Rivera) no podía tener funciones relevantes de carácter directivo,
debiendo ser incorporado a las funciones de apoyo a la inspectoría general, ya
que había apoyado la candidatura a alcalde Juan Morano. Dicha declaración
impresiona como veraz, pues el testigo
dio razón de sus dichos por haberlos presenciado directamente y se trata
de una prueba no contradicha por otra”, dice tajante la magistrada.
Hein explicó “que luego del concurso masivo de directores,
Rivera y otros quedaron fuera de él y como abogado recibió la instrucción del
alcalde Mimica que ninguno quedaría cesante, debiendo asegurárseles un cargo”,
por ello se lo nombra como inspector general, pero cuando “asume Boccazzi,
(diciembre de 2012) se presenta un problema político, ya que quien asume la
conducción del equipo político del alcalde es Domingo Rubilar. En ese momento,
la señal recibida fue que no querían a Rivera porque no era de su orientación política,
pues había apoyado al actual diputado Juan Morano”, señala el abogado.
Se le instruye que Mario Rivera no podía tener funciones
relevantes de carácter directivo y que se le incorporara a funciones de apoyo a
la inspectoría general. Esto queda reflejado en el mail que suscribe Boccazzi
en marzo de 2015 y que dice “(…) a través del presente, instruyo dejar sin
efecto dicha modificación de contrato. Además, cabe señalar que, si bien, la
figura de administrador educacional es admitida por el estatuto docente, no
existe ninguna razón de carácter técnico objetiva, que permita justificar una
designación de estas características” y amenaza, “de no cumplirse con ella, el
suscrito, (Boccazzi) se verá en la obligación de adoptar las medidas
disciplinarias que correspondan”.
El relato de Hein en el expediente señala también que “la
intención era poner a otra persona en el cargo, específicamente a Marlen Soto,
persona de confianza de Rubilar”.
Según la jueza Ortiz al ex
secretario general de la Cormupa no le parecieron adecuadas estas presiones y
tomando en cuenta la trayectoria del docente en cuestión “manifestó que no era
partidario del cambio de funciones”, y dentro de sus atribuciones modificó el
contrato bajo su exclusiva responsabilidad, sin que el cambio representara una
alteración en la remuneración, por tanto, no existía perjuicio económico en
contra de Cormupa.
Saldivia al Tribunal de
Disciplina de DC
La presidenta regional de
la Democracia Cristiana, Eugenia Mancilla, al respecto indicó que “valorizo la
sentencia del tribunal que restituye en derecho esta situación de vulneración”,
y agregó “lamento que un camarada, como lo es Mario Rivera, con una amplia y
dilatada trayectoria en el mundo educacional, que ha estado durante décadas al
servicio de la educación, de la familia y de los alumnos, haya tenido que pasar
por esta situación de vejamen y de deterioro de su dignidad profesional” dijo.
Mancilla fue enfática
señalando que “lamento que esto haya sido un proceso orquestado además por la
autoridad, y yo en ese sentido rechazo tajantemente las acciones
intimidatorias, persecutorias que tuvo tanto personal de la municipalidad como
de la propia Cormupa. Me parece que este tipo de acciones perjudican la imagen
ya deteriorada que tiene el municipio y nos habla nada más y nada menos, de una
realidad que está escondida y que hoy gracias a la valentía de un profesional y
de un docente como Mario Rivera,
pudo salir a la luz pública y
finalmente tener eco en los tribunales, que fallaron y acreditaron las
denuncias que Mario estaba desarrollando a propósito de su situación”.
Finalmente, la timonel de
la DC manifestó: “Estoy decidida a pasar estos antecedentes, el relato y la
sentencia de Mario Rivera al Tribunal Supremo del partido, porque está
involucrado también otro camarada, que es
José Saldivia, (director del Liceo Bicentenario). No se puede permitir en
definitiva esta situación y tendrá que resolverlo la instancia máxima de
disciplina que tiene el partido”.
En tanto, Rivera dijo
estar muy contento “considerando mi trayectoria, vastamente conocida como
profesor en el ámbito comunal y regional, y después de haber prestado servicios en las direcciones de distintos
establecimientos”, y agregó “creo que no merecía el trato que se me estaba
dando, en tanto, que me sentía totalmente vulnerado en mis derechos, lesionado
como profesional y como persona, frente a mis alumnos y pares.