Manifestando haberse sentido discriminado por ser indígena y esperando que personas extranjeras no les ocurra lo que les sucedió, se retiró ayer de tribunales un ciudadano ecuatoriano que fue absuelto junto a su esposa del delito de trata de personas menores de edad.
“Sí, siempre hemos dicho que somos inocentes y siempre seré inocente. Todo lo que me hizo sufrir a toda mi familia es falso (entre lágrimas). No he podido ni dormir ni descansar. Los trabajos no he podido realizar, solo pensando en esto que me acusaron, pero Dios es grande y lo que están diciendo no es verdad. Lloraré por la felicidad que ya nunca esto pasó, en Ecuador nunca va a pasar algo así, no existió esta trata de personas. Esto es una discriminación muy grande porque somos indígenas y no entendemos como hablar o ser analfabeto o una firma nos hacen esto, lloro por esto y espero que a otros paisanos no les suceda lo que nos pasó a nosotros como familia”. Enfatizó el ciudadano ecuatoriano Luis Tuquerres Tuquerres.
La pareja extranjera evitó así una pena de 15 años de cárcel que arriesgaban si los hubiesen condenado. Ante esto, el abogado defensor Juan Carlos Rebolledo se mostró conforme con el fallo tras casi tres semanas de juicio: “Nos costó mucho entender la lógica de la forma que ellos trabajan y estamos conscientes que el tribunal acogió por mayoría. Nos sustentamos de la tesis de un antropólogo que trajo la Fiscalía en el sentido que esta etnia, grupo de personas indígenas tienen como meta para progresar económicamente es el comercio en otros países. Tanto las personas que denunciaron y las personas que fueron acusados desde jóvenes ya habían salido a otros países donde se trasladan. Es así que surgió este tema cultural que es una práctica ancestral y aplicable para todos ellos”.
Por mayoría
La sentencia se dará a conocer el próximo miércoles, donde se detallará el fallo de los jueces, donde los magistrados Luis Álvarez Valdés y Jovita Soto Maldonado decidieron absolver, mientras que el juez Claudio Neculmán Muñoz, quien estuvo por condenar a los acusados en calidad de autores del delito de trata de personas menores de edad en carácter reiterado, por considerar que la prueba fue de la entidad suficiente para acreditar el tipo penal de trata impropia, esto es, que los acusados captaron, trasladaron y acogieron a las menores de edad, todo ello con la finalidad de explotarlas laboralmente, en su forma de servidumbre por deuda y trabajo forzado.
Ante no ser un veredicto unánime, la fiscal del caso, Wendoline Acuña fue enfática en señalar que existen los antecedentes para recurrir a la Corte de Apelaciones para anular el juicio. “Esperaremos la lectura de la sentencia y vamos a analizar su contenido y obviamente vamos a recurrir a la Corte por no encontrarnos conforme con este fallo”.
La acusación
En la acusación se indicaba que durante el año 2012, Luis Tuquerres Tuquerres, de 37 años, y María de Lourdes Cavascango, de 36 años, pareja de ecuatorianos que mantiene residencia en Chile desde el año 2002, trasladaron desde una ciudad indígena del Ecuador hasta Punta Arenas a una niña de 13 años, obteniendo el permiso de los padres de la víctima, quien viajaría en calidad de turista, todo lo que fue financiado por los padres de la menor. Una vez que la niña se encontraba en Punta Arenas, la pareja la habría obligado a trabajar sin pagarle remuneraciones aprovechando su situación de vulnerabilidad. La menor no era llevada a ningún establecimiento educacional y vivía con restricciones. Entre las actividades que obligaban a realizar a la menor -menciona la acusación- estaba levantarse a las 5 horas de la mañana para realizar labores domésticas y sirviendo a todos los habitantes del domicilio, debía tejer diez gorros de lana al día, las cuales si no cumplía no podía descansar. La situación se mantuvo hasta el 16 de marzo de 2013, cuando el caso quedó al descubierto por la PDI al encontrarla oculta en un vehículo de los acusados.
Misma situación habría ocurrido durante el año 2012, cuando dos menores ecuatorianas, de 14 y 17 años fueron trasladadas desde la misma ciudad ecuatoriana que la víctima anterior, a Punta Arenas, “y abusando de su condición de precariedad social, con promesas de una mejor vida, se les pagó los pasajes en calidad de turistas”.