La norma que actualmente rige sólo para las provincias de Tierra del Fuego y Antártica, con hincapié preferencial a las personas de la tercera edad.
“Los elevados costos de vivir en Magallanes demandan del Estado un esfuerzo mayor de entregar mejores condiciones de vida para sus habitantes, los altos costos de construcción de viviendas y las necesidades de fortalecer el asentamiento humano en estas tierras merecen incentivos especiales como el solicitado”, señaló.