“El obispo, abandonando los reparos eclesiásticos que le son propios sobre la materia, entra de lleno a la arena política, y ha cuestionado la constitucionalidad y la legalidad de la medida. Recordemos que el gobierno, siguiendo un imperativo ético, social y de bien común resolvió la distribución gratuita a través de los consultorios, de la píldora del día después, para evitar embarazos no deseados, especialmente en las familias más pobres de nuestro país”, sostuvieron.