Luego de ocho meses de presentada la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) por parte de la empresa Minera Invierno al Servicio de Evaluación Ambiental de Magallanes (SEA) se realizó la votación de la Comisión de Evaluación, integrada por diez secretarías regionales ministeriales, la directora regional del SEA, Karina Bastidas, y presidida por el intendente Jorge Flies. En la sesión -por 9 votos contra 2 y la ausencia del seremi de Vivienda- se autorizó el uso de tronaduras en las faenas de extracción de material estéril, provocando reacciones en grupos ambientalistas y parlamentarios y haciendo urgente la modificación de las leyes medioambientales de nuestro país.
Al respecto, el seremi del Medio Ambiente, Juan Marcos Henríquez, comapartió a Diario El Pingüino sus impresiones sobre lo sucedido.
– ¿Por qué se aprobó el uso de tronaduras, si no estaba en el proyecto original?
“El Artículo 11 bis de la Ley 19.300 Sobre Bases Generales del Medio Ambiente prohíbe el fraccionamiento. Sin embargo, el artículo 11 ter de la misma ley indica que ‘en caso de modificarse un proyecto o actividad, la calificación ambiental deberá recaer sobre dicha modificación y no sobre el proyecto o actividad existente’. Es decir, no se puede evaluar lo que ya fue aprobado, ni considerarse en la evaluación de la modificación. Para efectos legales son dos proyectos distintos”.
– Y en el caso de Mina Invierno, ¿qué ocurrió?
“En el caso particular de Mina Invierno, aunque el proyecto sometido al SEA no consideraba originalmente tronaduras, a veces los proyectos deben responder a escenarios cambiantes, tal como lo hizo saber la empresa. Lo importante es que cuando se introduzcan modificaciones estas se sometan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y se evalúen adecuadamente sus impactos, como se procedió durante este proceso de evaluación. Hoy, la ley no tiene limitantes de plazos entre el proyecto original y la modificación, por lo tanto, a pesar del poco tiempo transcurrido entre la aprobación del proyecto original y la modificación, la solicitud se enmarca dentro de lo autorizado por la ley”.
– Hubo sin embargo dos seremis que votaron en contra del proyecto…
“Yo entiendo que ambos seremis optaron por votar a título personal, contraviniendo la evaluación efectuada por los servicios y profesionales de su ministerio. Como dijo el intendente, es lamentable que hayan optado por emitir su parecer en la última instancia, habiendo tenido la opción de hacerlo durante el proceso. Por lo demás, la ley señala cuáles son las condiciones para rechazar un proyecto y escuchando las argumentaciones de ambos creo que no se ajustan”.
– ¿Es lo que sucedió con la votación de los demás seremis que sí estuvieron por aprobar las tronaduras?
“La mayoría de los miembros de la Comisión de Evaluación Ambiental votaron ajustados a las normas y leyes aplicables vigentes que regulan el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) de acuerdo con su cargo y no a título personal”.
– Mina Invierno reconoció la utilización de normas internacionales en su informe. ¿Eso está permitido?
“El reglamento del Servicio de Evaluación Ambiental, en su Artículo 11, permite la utilización de normas de referencia extranjeras en caso de ser requerido para evaluar riegos para la salud humana por efluentes, residuos o emisiones, o posibles efectos adversos significativos sobre los recursos naturales renovables, incluidos suelo, agua y aire. Cada vez que se carece de una norma nacional específica, se recurre a buscar una homóloga en países y condiciones, por lo demás, indicados en la ley. No es un acto voluntario ni arbitrario, está reglamentado”.
– ¿Por qué no se consideró la participación ciudadana en la Evaluación de Impacto Ambiental?
“Se realiza el proceso de Participación Ciudadana cuando los proyectos generan carga ambiental a las comunidades próximas, es decir, cuando los proyectos generan beneficios sociales y ocasionen externalidades ambientales negativas en localidades próximas. El artículo 94 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental identifica aquellos proyectos que generan carga ambiental y son objeto de Participación Ciudadana. En el caso del proyecto minero, el SEA determinó que basado en el reglamento no procede dicha participación”.
– También se argumentó falta de fiscalización. ¿Es así? ¿Falta revisar la ley?
“La institucionalidad ambiental en Chile es joven y está aún en rodaje. Tempranamente nos hemos dado cuenta de que los recursos humanos y financieros, los plazos de los procesos y las sanciones asociadas a incumplimientos, al parecer son insuficientes, de acuerdo con la percepción general de la gente y con el fin de procurar la protección del medio ambiente en forma oportuna. Tener una mejor fiscalización depende exclusivamente de una modificación legislativa a la Ley 20.417. Actualmente la Superintendencia Regional realiza un gran trabajo considerando los escasos recursos con que se cuenta”.
– El Ministerio de Energía se ha comprometido para el año 2050 a que al menos el 70% de la energía eléctrica nacional provenga de energías renovables. Por otro lado, el Ministerio del Medio Ambiente busca avanzar hacia un Chile sustentable y se han generado instancias de participación con el fin de trabajar en una política a largo plazo frente al cambio climático. En este sentido, ¿el uso de combustibles fósiles representaría un retroceso para la región y el país?
“Chile se ha comprometido a avanzar en la reducción de combustibles fósiles. Nos hemos puesto como meta disponer de un 70% de energías renovables hacia el año 2050. Magallanes debe avanzar hacia un camino de región sustentable, donde se controle la huella de carbono y se invierta en la protección y conservación de los recursos naturales”.
– ¿Qué se requiere para cumplir esos objetivos?
“Para ello se requiere primero generar las políticas y estrategias que nos permitan regular y hacer exigencias para alcanzar esa meta. Hoy día expresamos la voluntad, pero carecemos de las herramientas para concretar esas aspiraciones. La próxima Estrategia de Desarrollo Regional debe tener una mirada ambiental”.
– Eso es precisamente lo que expresaron las organizaciones ambientalistas.
“Gran parte de las objeciones presentadas al proyecto de tronaduras por las organizaciones ambientalistas -antes y después de la votación de la Comisión de Evaluación Ambiental- tienen más relación con aspectos que requieren modificaciones a la ley. Incluso aquellas señaladas por los diputados Morano y Melo. Muchas de ellas acaban de ser entregadas por la Comisión Presidencial que evaluó al SEIA. Esperamos que con el informe de esa comisión, el Ejecutivo presente las indicaciones legales que permitan modernizar y perfeccionar el sistema de evaluación”.
– ¿Son necesarias las mejoras a la institucionalidad ambiental?
“El programa de Gobierno 2014-2018 de la Presidenta Michelle Bachelet recogió la necesidad de evaluar el desempeño del SEIA y creó una Comisión Asesora Presidencial que desde abril de 2015 a enero de 2016 se abocó a realizar diversas consultas públicas y ciudadanas que dieron cuenta del funcionamiento de la institucionalidad y las reformas o ajustes requeridos para mejorar lo existente. Uno de los cuatro Cabildos Ciudadanos realizados para evaluar el SEIA se realizó en la ciudad de Punta Arenas, al que asistieron apenas doce personas que no trabajaban en el Gobierno. Por tanto, tenemos la voluntad de mejorar el sistema actual, pero requerimos de la participación de la comunidad y el trabajo activo de los parlamentarios”.