De este modo, el texto legal recoge las mejores prácticas internacionales, a través de figuras modernas y mecanismos eficaces de protección de garantías en el ámbito del consumo, que permitan poner la institucionalidad a la altura de la demanda pública. Se explicitan las obligaciones del proveedor que es declarado infractor; se establece el deber de compensación; reglas procesales adecuadas para no perjudicar a los consumidores y se incentivan soluciones amistosas.
El segundo proyecto que fue el resultado de dos mociones refundidas que presentaron varios diputados pretende reforzar también el derecho del consumidor para reclamar en contra del proveedor ante el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), permitiendo que ese servicio accione mediante demandas colectivas o difusas, cuando los reclamos que reciba sobre una misma situación así lo justifiquen. Se propone, también, que una vez que sea interpuesta una denuncia ante el servicio, se interrumpa el plazo de prescripción de las acciones que persiguen la responsabilidad contravencional.