Durante 107 días, el machi Celestino Córdova estuvo en huelga de hambre, debido a que exigía que se le permitiera cumplir seis meses de su condena de 18 años de cárcel junto a su rehue, es decir, arresto domiciliario durante la pandemia.
Una petición que fue rechazada por la Corte Suprema y que el Gobierno aseguró que no podía cumplir.
Córdova fue condenado a 18 de años de prisión producto del crimen del matrimonio Luchsinger-Mackay, en la Región de La Araucanía.
Tras largos meses, el machi logró su objetivo de negociar con el Gobierno para deponer su huelga de hambre llegando a un acuerdo.
De esa forma una vez más el Gobierno se ve derrotado frente a la presión ciudadana, en este caso, ante la presión del Instituto Nacional de los Derechos Humanos (INDH), parte del pueblo Mapuche y miembros del Partido Comunista (PC), quienes participaron del acuerdo, que terminó fijando que el machi podrá visitar a su rehue por un período de 30 horas, sin embargo, en un principio, el Gobierno había ofrecido 15 horas, y tras días de negociaciones, finalmente aceptó una visita “que podrá extenderse hasta por un máximo de 30 horas, y se sujetará a las condiciones impuestas por las autoridades sanitarias y penitenciarias”.
En el documento firmado por el subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela, se establece además que el machi deberá “permanecer en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial hasta su plena recuperación física y espiritual, incluyendo orientaciones de medicina mapuche que sean compatibles con la prescripción del agente de salud tradicional tratante”. Luego, podrá asistir a su rehue.
El resto de los aspectos, alude a no sancionar a los demás huelguistas, a facilitar la postulación de personas privadas de libertad de pueblos originarios a la solicitud de revisión medidas cautelares, y al establecimiento de módulos especiales para pueblos originarios en recintos donde exista un número adecuado de privados de libertad que justifique esa medida, entre otros.
Asimismo, respecto de los otros 26 comuneros mapuches que se encontraban en huelga de hambre, el documento establece que “considerando la resolución dictada por Gendarmería, al momento de que ellas depongan la huelga, no serán objeto de sanción disciplinaria por Gendarmería de Chile”.
Así también, el escrito agrega que se “facilitará la postulación de personas privadas de libertad de pueblos originarios a Centros de Educación y Trabajo”, si así lo solicitan.
Además, “se facilitará, a través de la Defensoría Penal Pública, la solicitud de revisión de medidas cautelares (de prisión preventiva a, por ejemplo, arresto domiciliario)”.
Finalmente, el acuerdo determina que “con la finalidad de avanzar en la incorporación de criterios de pertinencia cultural en los establecimientos penitenciarios, se establecerán módulos especiales para pueblos originarios en establecimientos donde exista un número adecuado de privados de libertad de dichos pueblos que justifique su implementación (como Angol y Temuco)”.
Con esto, la negociación de la que fueron mediadores el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), el Colegio Médico y la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; además de la diputada comunista Karol Cariola y las voceras del machi, Cristina Romo y Giovanna Tafilo, concluye a 107 días de que Córdova y otros ocho presos iniciaran la huelga.
Sin embargo, diversas voces criticaron que el Gobierno se haya involucrado en dicha negociación debido a que el machi Córdova había sido condenado por los tribunales, ósea, por el Poder Judicial, un poder distante del Gobierno.
Cabe recordar que hace unas semanas cuando el Congreso aprobaba el retiro del 10% de los fondos de AFP, los personeros de Gobierno, manifestaban que el Congreso estaba pasando a llevar la institucionalidad, debido a que dicho proyecto sólo podía ser presentado por el Ejecutivo. Sin embargo, no deja de llamar la atención, que luego de dos semanas pasada esa discusión, el Gobierno, pase a llevar la decisión del Poder Judicial, cometiendo el mismo error que ellos acusaron por parte del Congreso.
A continuación, diversas opiniones respecto de la decisión adoptado por el Gobierno en el acuerdo con Celestino Córdova.
Juan Marco Henríquez:
“Es importante destacar y valorar el proceso de diálogo emprendido por el ministro (Hernán) Larraín y disposición del machi Celestino Córdova que ha permitido deponer la huelga de hambre. El diálogo y no la represión es el camino de solución para la crisis de La Araucanía y esperamos se expanda para abordar los temas pendientes. El Gobierno entendió que el conflicto debe abordarse políticamente y en ese sentido no se pasó a llevar a nadie”.
Javier Romero:
“Creo que una vez más el gobierno ha traicionado a sus electores. Este Gobierno tuvo su mayor apoyo electoral en La Araucanía, porque dentro de su programa de Gobierno prometió que enfrentaría con fuerza el terrorismo. Ahora lo vemos dejándose chantajear por un terrorista, asesino condenado por el asesinato de dos adultos mayores quemándolos vivos. Ese mismo terrorista demanda que el gobierno negocie con él para deponer una huelga de hambre, vemos incluso a un ministro tratándole de ‘colega’. Claramente el Gobierno volvió a fallar faltándole el respeto a las víctimas y con ellos a todo el pueblo chileno”.
Claudio Moran:
“Una vez más, el Gobierno negoció y cedió al terrorismo. El principal culpable que no exista Estado de Derecho en Chile es Sebastián Piñera y sus ‘boys’, como este ministro (Hernán) Larraín, cuando un Gobierno negocia con terroristas le vuelve la espalda a todo su pueblo. No hay palabras para describir cada una de las aberraciones a qué Piñera ha llevado a Chile, lo está desintegrando como nación. Él ya gobierna por y para la izquierda insurreccional y su modelo revolucionario. Tanta cuestión que han hecho por Hugo Bustamante, por su presunto crimen. Se gastan acusando a una juez, pero han generado un movimiento en pro de un asesino terrorista condenado. ¿Acaso el señor (Andrés) Longton va a acusar constitucionalmente a Hernán Larraín? Porque por consecuencia es lo que correspondería. Jamás debió haberse negociado, es algo que está además fuera de facultades legales. Si un convicto hace show de huelga de hambre, o se le deja morir o se le alimenta a la fuerza con suero, ¿dónde quedó entonces, el precepto de igualdad ante la ley?”.
Fernando Paredes:
“No comparto la decisión, desde el punto de vista que ya está procesado, ya está condenado, sino también todos los presos pueden tener el derecho a negociar y eso no es así. Yo no compartiendo, pero entendiendo el espíritu final que ha tratado de explicar el Gobierno que es una situación, humanitaria, que estamos en un tiempo extraordinario, que estamos en una pandemia, entonces, una situación extraordinaria, requiere una solución extraordinaria. Esta persona ya llevaba más de 100 días de huelga de hambre y ya su estado se estaba deteriorando y estaba cerca de poder llegar a la muerte y el Estado Chileno, no está en una situación como para que alguien se muera por una huelga de hambre, y frente a eso agotándose todos los procesos de negociación o conversación, yo creo que desde ese punto de vista entiendo al Gobierno, pero en el tema de fondo no me gustaría que esto genere un precedente porque quiero entender que esto sólo se ha dado producto de una situación extraordinaria y espero no vuelva a suceder”.
Arturo Díaz:
“Debemos entender que el acuerdo entre el gobierno y el machi Celestino Cordova no genera impunidad, sino que el gobierno solo se limita a cumplir el convenio 169 de la OIT vigente desde el año 2009 en nuestro pais que principalmente tiene que ver con el respeto a las culturas ancestrales. Sin duda una buena medida aunque aún queda mucho por hacer en ese tema” .
Gloria Vilicic:
“El Poder Ejecutivo al negociar con un convicto y bajo presión se deslegitima, solo mostrándonos su desgobernabilidad una vez más.
En cuanto a la legitimidad social del poder judicial en Chile se ha perdido.
Al aplicar este poder beneficios al asesino de Ámbar y al Machi Celestino Córdova sobre el principio precautorio, no hace más que demostrar que no es capaz de darnos garantías y prácticas de proteger la vida de todos y encarcelar a sujetos que claramente son un peligro para la sociedad. El poder judicial se deslegitima solo ante la sociedad por su actuar inequitativo y erosionados del Estado de Derecho. Por ello merece también al igual que el ejecutivo todo mi repudio”.
Juan José Arcos:
“Yo encuentro que es muy peligroso que el Gobierno esté cediendo ante presiones de grupos extremistas porque está sentando el mal precedente que ir camino para poder obtener beneficios en este país es la violencia. Por otro lado el tratamiento de los presos de acuerdo a los cambios que se hicieron en la ley 18.216 queda conferido a entidades técnicas que están reguladas por esta misma norma y en la cual tiene un rol preponderante el poder judicial entonces es tremendamente peligroso que el poder ejecutivo se entrometa en facultades judiciales, Sobre este particular no nos olvidemos lo que pasó en el gobierno de la Unidad Popular (UP), cuando las entidades gubernamentales se metían en los fallos judiciales y negaban muchas veces el auxilio público de la fuerza pública para cumplir la sentencia judicial y eso a la larga terminó con el quebrantamiento del Estado de derecho.
En un Estado moderno las resoluciones judiciales deben ser vistas por los propios tribunales y en esa no hay intromisión de otros poderes del Estado en los dictámenes judiciales fuera de los casos que establece la ley que son el indulto y la y lo ocurrido es una situación que atentatoria contra él y el principio de la separación de las funciones del Estado así que obviamente creo que aquí el Gobierno sentó un mal precedente respecto de esto y sobre todo porque además si se pasó a llevar la opinión de las familiares de las víctimas. Aquí no podemos olvidarnos de que hubo un matrimonio y específicamente una mujer que fue quemada viva y dónde estás ese verso en este personaje tuvo una condena como coautor del delito. Entonces acá lo que se está tratando de hacer es quitarles a los tribunales de Justicia la potestad de sancionar los actos que alteren el ordenamiento jurídico y eso en ninguna sociedad es conveniente”.
