Desde
el comienzo de la pandemia, más de la mitad de las causas ingresadas a
tribunales corresponden a la justicia civil. Incumplimientos de
contratos, negligencias médicas y cobros de gastos comunes, entre otras,
se amontonan en los despachos judiciales.
En
compañía del ministro de Justicia y DD.HH., Hernán Larraín, el
presidente Sebastián Piñera anunció la Reforma Procesal Civil (RPC), un
proyecto de ley que busca crear un nuevo sistema de justicia civil, cuyo
código de procedimiento no h sido modificado desde 1902.
La
noticia tuvo eco en la región. El seremi de Justicia y DD.HH.,
Cristóbal Fernández Jofré, escuchó con entusiasmo los anuncios del
Gobierno.
Respecto
de la RPC, la autoridad señaló que comienza una nueva relación entre la
gente y la justicia. “Va a haber tiempos mucho más acotados, menos
engorrosos y menos costosos para la ciudadanía. Hay procedimientos que
duran 417 días y van a acotarse a 170”, dice.
Actualmente
hay 136 comunas con tribunales civiles y 278 magistrados especializados
en la materia. El proyecto de ley promete aumentar la cobertura a 164
comunas y 490 jueces.
La
RPC incluye el proyecto de ley de mediación. Para el seremi Fernández
existirán mayores facilidades para la gente cuando sus conflictos pasen a
la arena judicial.
“En
aquellas causas cuyos montos son inferiores a 40 UTM no va a existir la
necesidad de contar con un abogado en ese juicio. Por otra parte, va a
existir una mediación obligatoria, la que va a permitir mucho más
acercamiento entre las partes”, explica.
“Por otra parte, se va a extraer del arbitraje forzoso temas como la
liquidación de la sociedad conyugal (divorcios) o particiones de
herencias, temas que hoy día son muy costosos porque se necesita de un
árbitro privado que muchas veces cobra hasta un 30% de la masa que se
pretende partir”, dice el seremi.
Menos discrecionalidad, más merito
No
fue el único anuncio del Presidente. También se ingresará un proyecto
de ley que moderniza el sistema de nombramiento de jueces. Para ello se
crearía la Comisión Nacional de Nombramientos Judiciales, un organismo
independiente que estará a cargo de las elecciones a partir de una
resolución colegiada.
Los miembros de la comisión serán escogidos por los tres poderes del Estado.
“Se
va a considerar el mérito por sobre la antigüedad u otros aspectos”,
dice el seremi Fernández. “Con esta comisión externa se elimina la
discrecionalidad y se produce una mayor independencia en los fallos
judiciales de primera instancia”, añade.