Al cumplirse un año más desde la promulgación del Decreto de
Ley Nº 409, que permite acceder a la eliminación de antecedentes penales para
las personas que hayan cumplido una condena en nuestro país, el Centro de Apoyo
para la Integración Social de Gendarmería en Magallanes, hizo un positivo
balance de su gestión y destacó los bajos niveles de reincidencia de las
personas que acuden a los procesos post penitenciarios en nuestra Región.
Erika Soto Passek, jefa del Centro de Apoyo para la
Integración Social de Punta Arenas, explicó que “actualmente hay 583 personas
realizando el proceso de eliminación de antecedentes para fines laborales en la
Región, las cuales deben llevar adelante un camino de firma mensual durante dos
años si fueron condenados por una causa, y cinco años si son más de una las
causas finalizadas”.
A su vez, Soto Passek argumentó que “en lo penal se puede
eliminar todo, ahora en el registro especial de condenas por actos de Violencia
Intrafamiliar sólo se puede ocultar para fines laborales, esas causas no se
pueden eliminar”.
Según los datos entregados en el balance del Centro a los
representantes de las diversas entidades colaboradoras, al día de hoy existen
233 personas en el proceso previo, ingresadas en la Oficina de Diagnóstico
Prontuarial, paso antecesor al inicio de eliminación de antecedentes, instancia
en la cual se regularizan todos los archivos, documentos y antecedentes de
quienes buscan comenzar dicha etapa por medio del sistema post penitenciario de
Gendarmería de Chile.
El director regional (s) de Gendarmería, teniente coronel
Vicente Monje, dijo que “es importante destacar y resaltar el trabajo conjunto
que realiza el Centro, con los diversos organismos que hoy están presentes, y
agradecer la disposición para desarrollar una buena tarea, que no es para el
beneficio de Gendarmería de Chile, sino que para las personas que buscan nuevas
y mejores oportunidades para ellos y sus familias, por medio de las distintas
alternativas que como organismos e instituciones les brindamos”.
De igual manera, Monje, llamó a reforzar dicho compromiso,
para así potenciar las virtudes del mecanismo y aplacar posibles deficiencias,
todo en pos de consolidar los esfuerzos y cerrar de buena forma el círculo
virtuoso del que son parte a través del Centro de Apoyo para la Integración
Social, tanto tribunales, policías, y sobretodo el Servicio de Registro Civil e
Identificación.
Por su parte, el secretario de Justicia, Pablo Bussenius,
agregó que “el Decreto de Ley está pensado para personas que cumplieron su
condena y que tienen la intención de integrarse laboralmente en la comunidad.
Es un proceso voluntario, lo que hace más relevante la concreción del camino,
ya sea por dos o cinco años dependiendo de la cantidad de condenas”.
En términos de reincidencia, el secretario de Justicia,
valoró los bajos índices que presenta el sistema post penitenciario con la
mayoría de los procesos finalizados de manera exitosa, lo cual otorga menores
probabilidades de continuar la lógica delictual de quienes han cumplido una
condena y han ingresado de manera voluntaria al proceso de Eliminación.