Angustiada
y cansada de que las autoridades hayan ignorado por años sus peticiones
reconoció estar la señora Leila Ruth Bruning Pérez, quien desde hace
varias décadas que se dedicaba a administrar un motel que se localiza en
el sector de Río de los Ciervos, del cual muchos puntarenenses deben
acordarse, pero que, debido a una situación de insalubridad ocasionada
por terceras personas, se vio en la obligación de perder su fuente
laboral y de tener que vivir soportando desagradables olores.
En
conversación con Pingüino Multimedia, la empresaria detalló que hace
diez años aproximadamente que un grupo de personas llegó a vivir a un
terreno emplazado frente a su domicilio de calle José Barría Cárdenas,
donde instalaron una casa de color azul que fue transportada al lugar
por un camión.
Ante
este evento y un poco confundida porque ella siempre supo que dicho
predio eran áreas verdes de propiedad fiscal, decidió hacer las
consultas ante la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales
para estar al tanto respecto a si este escenario había variado con el
transcurso del tiempo. No obstante, el seremi de la época le confirmó a
la vecina que dicho terreno frente a su casa efectivamente correspondía a
áreas verdes, que pertenecía a Bienes Nacionales e incluso el titular
de la cartera le regaló una copia del mapa del sector, indicando el
lugar en el cual se había instalado aquel nuevo domicilio.
Pozo filtra aguas servidas
Desde
esa fecha, la mujer de 64 años reveló que han sucedido una serie de
situaciones incómodas y totalmente fuera del marco sanitario, como por
ejemplo la instalación de un pozo ciego cuyo contenido se filtra hacia
la calle principal, inundándola con aguas servidas. Este escenario
adverso ha deteriorado su estado de salud y la ha afectado
económicamente, debido a que ya no ha podido nunca más arrendar los
cuartos y habitaciones ante el fuerte y desagradable olor a fecas,
perdiendo de esta forma su principal fuente de ingresos.
“En
reiteradas oportunidades, he ido a golpear las puertas de distintas
instituciones del Estado, primero pedí ayuda a la Municipalidad de Punta
Arenas y ellos contestaron que era problema de la Gobernación, cuando
fui a la Gobernación de Magallanes, ellos contestaron que era problema
de la Municipalidad, también recurrí ante la Secretaría Regional
Ministerial de Salud para que fueran a fiscalizar esta situación, sin
obtener ninguna solución. Durante todos estos años, he estado suplicando
por mi derecho a vivir de forma tranquila en un ambiente libre de
contaminación, soy una persona adulto mayor además de tener un 70% de
discapacidad, y aun así, las veces que he ido a clamar por ayuda a todas
las instituciones que he mencionado, me han señalado, que la situación
no es urgente, ya que, hay necesidades más importantes en la región”,
lamentó.
Bajo
este contexto, la señora Leila manifestó que, en conversaciones con
otros vecinos del sector, se enteró que existen muchas otras personas
enfermas debido a las infecciones, con permanentes dolores de cabeza y
vómitos, sin que ello sensibilice a las autoridades para que concurran a
fiscalizar y así, dar una solución definitiva a este problema.
“Por
mi parte, soy de ese grupo etario que el Estado debería proteger con un
comportamiento adicional, sin ser discriminado por mi calidad de adulto
mayor, como lo señala nuestra Constitución y los Tratados
Internacionales, más aún por mi condición de discapacidad, pero esta
actitud de abandono por parte de las autoridades que deberían fiscalizar
esta irregularidad, ha afectado mi salud y me ha hecho perder mi
principal fuente de ingresos, ya que, por el fuerte olor a heces, no he
podido arrendar habitaciones”, recalcó.
Violencia en su contra
Pese
a todo lo anterior, develó que hace dos semanas, las personas que
supuestamente tendrían “tomado” el referido terreno frente a su
residencia habrían apedreado su casa, debiendo la mujer requerir el
auxilio de personal de Carabineros, quienes tampoco le habrían dado importancia a sus denuncias.
“Fui
a solicitar audiencia a las autoridades recurridas, sin ser escuchada
por ninguna de ellas, señalando que toda atención era a través de las
páginas institucionales, yo al explicar que no sabía manejar internet,
que por favor me ayudarán, me solicitaron enviar una carta certificada,
aumentando la burocracia de un problema del cual busco solución hace
años”, expresó la vecina, con evidentes atisbos de desesperación.
Recurso de protección
Debido
a todo lo anterior, la adulta mayor cansada de ser ignorada, determinó
interponer un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de
Punta Arenas en contra de las autoridades y entidades antes indicadas,
detallando que ha existido una acción u omisión de parte de estas
instituciones del Estado. En el caso de la Seremi de Bienes Nacionales,
al no denotar diligencia por la toma irregular del terreno que se
encuentra frente a su domicilio; respecto a la Seremi de Salud y a la
Municipalidad de Punta Arenas, por su inercia y nula gestión frente al
fuerte y evidente olor a heces que ha perdurado por años, y tanto la
mujer afectada como un número indeterminado de otros vecinos, han visto
perturbados directamente sus derechos a la vida, a la integridad física y
psíquica, y a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
Finalmente,
en la acción judicial solicita que se oficie a la Policía de
Investigaciones (PDI), específicamente a la Brigada Investigadora de
Delitos Contra el Medioambiente y Patrimonio Cultural, con el objeto de
que informen la constatación en terreno de los hechos descritos en el
presente recurso de protección.