A la espera del informe final de Contraloría y con un los
ojos puestos en los procesos judiciales. Así se mantiene la Intendencia en lo
concerniente al contrato de concesión por la administración de la Zona Franca
de Punta Arenas, que opera Sociedad de Rentas Inmobiliarias (SRI).
En diciembre pasado, el intendente Jorge Flies había
iniciado procesos administrativos, cuestionando a la concesionaria por
subarrendamiento de espacios dentro del recinto y el cobro discriminatorio a
usuarios, ambas situaciones prohibidas por el contrato.
En tanto, avanzaba un proceso de multa de 100 UF mensuales
por el retraso en las la implementación de obras que reemplazaron al rodoviario
que integraba el contrato: la ampliación del módulo central para nuevos locales
comerciales, un bowling y un cine, entre otras.
No obstante, todo ello se mantiene en pausa, mientras
avanzan los procesos judiciales iniciados por la concesionaria y por el gremio
de usuarios de la Zona Franca de Punta Arenas, la Cámara Franca.
Actualmente, la intendencia aparece demandada en tres
procesos judiciales. En dos de ellos, SRI solicita la restitución de dineros
pagados por concepto de multas durante las administraciones regionales
anteriores. La demanda interpuesta por los usuarios es en contra de SRI y de la
intendencia es por la vigencia de un reglamento interno que Cámara Franca
considera ilegal.
Debido a ello, la Seremi de Hacienda no ha continuado el
cobro de multas a la administradora del recinto, pese a que las obras no se han
materializado aún.
“Hay dos demandas en los tribunales y una es justamente por
el tema de las multas del terminal rodoviario, por lo tanto eso hay que
resolverlo”, manifestó el seremi de Hacienda, Christian García.
La autoridad agregó que “hoy tenemos demandas en los
tribunales y eso tiene que avanzar en la Justicia. Estamos judicializados, por
lo tanto el camino es otro. Hay que ver cómo se resuelven estos juicios para
que el intendente pueda seguir otras acciones. No obstante, sigue la
fiscalización. Esto es algo que no es de fácil solución. Hay demasiados focos
en torno al contrato”.
Por su parte, el intendente Flies detalló que el proceso
judicial es llevado adelante por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), con
asesoría de la intendencia. “Nosotros estamos procediendo a contestar y
ayudando al CDE, que lleva estos procesos adelante. Mientras tanto, seguimos el
proceso de fiscalización”.
La autoridad señaló que “tenemos un informe preliminar de
Contraloría, que es el más contundente que se ha hecho sobre este contrato. El
informe final lo vamos a tener el mes de julio y para nosotros es fundamental
en el trabajo administrativo y jurídico que vamos a llevar adelante”.
-¿Cuál será el procedimiento una vez que se reciba ese
informe?
“Tal como lo indica el contrato con SRI, ante las dudas que
tengamos de sus acciones, va mos a citarlos para que nos expliquen qué está
sucediendo y si hay acuerdo en torno a las desviaciones que les hemos
observado”.
Flies detalló que “el informe hace observaciones en cuanto a
los compromisos de inversión y reinversión, subarrendamiento y en los temas
administrativos internos, como la relación entre la concesionaria y los
arrendatarios. Ese informe ha tenido respuestas reiteradas de intendencia y el
informe final es fundamental, para ver qué se ha subsanado”.