Ex pareja de Morales dice que fue drogada en una cárcel boliviana y teme por su vida

“Me han drogado anoche, incluso han intentado golpearme, me han amenazado”
dijo en un contacto telefónico con medios locales.

Zapata, exgerente de la firma china CAMC que logró millonarios
contratos con el Estado, está detenida en un penal de La Paz, investigada por
enriquecimiento ilícito.

Zapata responsabilizó de los hechos a reclusas del penal: “Lo que
estoy diciendo es que en esta cárcel mi persona corre peligro”, insistió.

La denuncia de supuestas agresiones ocurre un día después de que su
abogado revelara supuestos diálogos que Zapata habría mantenido con el ministro
de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, vía WhatsApp.

La oposición asegura que Zapata aprovechó sus influencias en el
gobierno para hacer negocios, mientras que el oficialismo descarta vínculos con
ella, pese a que admiten que trabajaba desde una oficina habitualmente asignada
a la primera dama.

La expareja del presidente Morales denunció varias veces que sufre
presiones psicológicas y presentó sus reclamos en una carta al Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), a mediados de marzo.

Está detenida desde hace más de un mes y semanas atrás fue trasladada
de una cárcel a otra en la ciudad de La Paz, aunque se quejó de que la llevaron
a un lugar donde “las internas son peligrosas”.

Tras la denuncia, el Ministerio de Gobierno señaló en un comunicado
que ordenó “un examen médico forense para verificar si evidentemente la interna
Gabriela Zapata Montaño ingirió en contra de su voluntad alguna droga”. También
aseguró que tomará medidas para garantizar su seguridad física.

Un juez de familia conminó a Zapata a presentar en tribunales al hijo
que ella dice tener con Morales, quien asegura que el niño falleció, aunque un
sector del oficialismo asegura incluso que nunca existió.

Una comisión del Congreso sigue su investigación sobre los millonarios
contratos firmados por la firma china CAMC y varias instancias del Estado
boliviano, al tiempo que la oposición sostiene que hubo tráfico de influencias.

El incidente manchó la imagen del mandatario, que gobierna desde 2006
y recientemente perdió un referendo popular en el que había que expedirse sobre
un posible cuarto mandato consecutivo (2020-2025).

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