La Justicia argentina imputó hoy a la Presidenta del país, Cristina
Fernández de Kirchner, por presunto encubrimiento en la causa del
atentado a la mutual judía AMIA, tal como denunció el fiscal Alberto
Nisman cuatro días antes de su extraña muerte.
Además de la
Mandataria argentina, el canciller, Héctor Timerman, y dos dirigentes
kirchneristas también fueron imputadados por el fiscal Gerardo
Pollicita, que dio curso a que se investigue la denuncia que presentó
Nisman el 14 de enero, que contiene numerosas escuchas telefónicas que
serán evaluadas.
Cuatro días antes de ser hallado sin vida en su
departamento y con un disparo en la cabeza, Nisman había acusado a la
Presidenta de encubrir a los sospechosos iraníes de haber volado la AMIA
en 1994 en Buenos Aires, el peor atentado en la historia argentina con
85 muertos y cientos de heridos.
El fallecido Nisman también
había involucrado en su denuncia al canciller, al dirigente kirchnerista
Luis D’Elía y al diputado oficialista Andrés Larroque, que fueron
imputados ahora en el dictamen que presentó el fiscal Pollicita en el
juzgado de Daniel Rafecas, que investigará el caso.
Las
alternativas eran desestimar la denuncia de Nisman, como especulaba el
gobierno al considerarla “sin sustento”, o darle curso a la
investigación y pedir medidas de pruebas, que es lo que decidió el
fiscal Pollicita, quien a su vez no dio lugar al llamado a indagatoria
de los acusados, como pidió el fallecido funcionario en un comienzo.
La
causa fue abierta por la denuncia que presentó Nisman el 14 de enero.
El fiscal, al frente de la casua AMIA desde 2004, sostuvo que la
Presidenta y otros funcionarios encubrieron a Irán a cambio de supuestos
beneficios comerciales para la Argentina, algo que el Ejecutivo
desestimó dando cifras de la relación bilateral.
El gobierno
rechazó en todo momento la denuncia y la consideró “disparatada”, una
“canallada” y un “despropósito sin sentido”. A su vez, acusaron a Nisman
de responder al poderoso ex espía Antonio Stiuso, desplazado de la
Secretaría de Inteligencia (SI) tras 41 años de servicio.
El juez
de la causa AMIA, Rodolfo Canicoba Corral, puso en duda la
“fehaciencia” de la denuncia de Nisman y también la relacionó con
internas en el espionaje.
Antes de que el fiscal Pollicita
confirmara la imputación, en la mañana de hoy la Procuración del Tesoro
de la Nación se presentó en nombre del Estado para deslindar
responsabilidades de la jefa de Estado.
En el escrito argumentó
que “no existe prueba alguna, siquiera de carácter ’indiciario’, que
demuestre la existencia de conductas atribuibles” a la presidenta o a
funcionarios que puedan ser “ilícitos penales”.
Nisman iba a
detallar su denuncia y supuestamente a presentar pruebas en el
Parlamento el lunes 19 de enero. Un día antes fue encontrado en el baño
de su departamento con un disparo en la cabeza. La extraña muerte es
investigada por la Justicia, que no descarta ninguna hipótesis, es
decir, aún no se inclinó por un suicidio, un suicidio asistido o un
homicidio.
El gobierno abonó inicialmente la teoría del suicidio.
A los pocos días, la Presidenta dijo a través de Facebook que estaba
“convencida” de que Nisman no se había suicidado.
Fernández de
Kirchner sostuvo además que la muerte del fiscal es una “verdadera
operación contra” su gobierno y que la denuncia en su contra está
“plagada de información ’plantada’” vinculada, según afirma, con el ex
agente de inteligencia Stiuso, quien se espera que por estos días se
presente a declarar ante la Justicia.
Horas antes de que se
confirmara la imputación de la Presidenta, el gobierno había manifestado
que se trataba de una “maniobra de desestabilización” política.
El
secretario general de la Presidencia, Anibal Fernández, dijo que “no
tiene ningún valor jurídico ser imputado. Pareciera que decir imputado
es como que ya está semicondenado. No tiene nada que ver, no tiene
ninguna importancia”.
Señaló que la repercusión “que genera sí
tiene mucha importancia. Eso es lo que cuestiono del fiscal,
severamente, porque es una clara maniobra de desestabilización
antidemocrática”. Dijo que es “fabulosa y deleznable” la “utilización”
de la muerte de Nisman.
El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich,
denunció a su vez que el gobierno enfrenta “la operación más voluminosa
de golpismo judicial activo que conozca la historia argentina”.
“Los
requerimientos que se realizan no persiguen una finalidad de carácter
judicial, sino política, para generar impacto político, y no tiene
ningún tipo de validez jurídica. No existe prueba ni siquiera
indiciaria, respecto de eventual culpabilidad”, aseveró.
(Fuente: www.lasegunda.cl)