El servicio realizó una mediación colectiva con 23 universidades, que
comprendió la revisión de los contratos e instrumentos de crédito, entre ellos,
letras de cambio, y pagarés que debían firmar los estudiantes o sus avales al
ingresar a las entidades educacionales, para garantizar el pago de los
servicios.
Entre las universidades que ajustaron sus contratos está: Inacap,
Universidad UCINF, Universidad Andrés Bello, Universidad Tecnológica
Metropolitana (UTEM), Universidad Arturo Prat, Universidad de Los Lagos,
Universidad de Chile, Pontificia Universidad Católica (PUC)
Universidad Austral de Chile, Universidad de Artes, Ciencias y
Comunicación (Uniacc), Universidad Pedro de Valdivia, Universidad Federico
Santa María, Universidad Autónoma de Chile, Universidad de Santiago de Chile
(Usach), Universidad de las Américas, Universidad de Viña del Mar, Universidad
de la República.
Entre las cláusulas abusivas
eliminadas destacan:
-Disposiciones que contenían autorizaciones amplias para el
tratamiento y comunicación de los datos personales de los estudiantes.
-Cláusulas que permitían modificaciones unilaterales a los planes,
programas y mallas educacionales, al sólo arbitrio de la universidad y sin
señalar causales objetivas que la justifiquen.
-Condiciones que permitían suspender unilateralmente el servicio
educacional ofrecido y contratado, por el no pago del o los aranceles del
servicio.
-Cláusulas que imponían barreras de salidas al contrato, en caso de
retiro, suspensión y/o abandono del alumno del establecimiento educacional.
-Artículos que contenían eximentes de responsabilidad amplios y en
perjuicio del alumno.
-Disposiciones que contenían mandatos amplios e irrevocables, y que no
incluían la obligación de rendir cuenta.
-Obligaciones que imponían renuncias anticipadas de derechos, al
disponer que los estudiantes aceptan y conocen los términos y condiciones de la
normativa interna de la universidad.
Demandas colectivas
Asimismo, el Sernac demandó colectivamente a cuatro universidades que
no estuvieron dispuestas a eliminar de sus contratos aquellas cláusulas que
dejaban en clara desventaja a los estudiantes y apoderados, y que apuntaban en
la misma dirección de aquellas que fueron eliminadas por las otras 17
instituciones superiores. Se trata de las universidades Santo Tomás, San
Sebastián, Mayor y Central.
El propósito de esta acción es que la justicia declare nulas dichas
cláusulas y le aplique las multas respectivas por haber incluido esas
disposiciones en sus contratos, las cuales van en contra de lo que establece la
Ley de Protección de los Consumidores.
Por otro lado, la entidad está analizando el caso de dos universidades
con las que aún no se logra un acuerdo: se trata de la Universidad de Aconcagua
y la Universidad de Valparaíso. En caso de no conseguir que ajusten sus
contratos, el Servicio no descarta demandarlas colectivamente ante la justicia.