Advierten que norma chilena de emisiones “es menos exigente que la recomendada por la OMS”

El
Departamento de Administración del Observatorio de Sostenibilidad de la
Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile realizó un
detallado análisis sobre los aspectos operacionales de las principales
empresas que operan en Quintero y Puchuncaví, y que cuentan con reportes
de sostenibilidad enfocados en medio ambiente y relación con las
comunidades.

El estudio “Análisis Caso Quintero-Puchuncaví: Una mirada
desde la Sostenibilidad” fue realizado entre el 14 y 24 de septiembre,
utilizando información pública extraída de los sitios Web de las
compañías y declaraciones en temas sustentables. También se extrajeron
datos del Ministerio del Medio Ambiente y de la Superintendencia del
Medio Ambiente, “por ser responsables en la aplicación de medidas y
mecanismos útiles para la toma de decisiones”.

La
encuesta Casen 2017 indica que en la Región de Valparaíso la pobreza
por ingreso fue de 7,1% y la multidimensional de 19%. Sin embargo, no
hay un desglose por comuna. Mientras que en la de 2015 el total fue de
12% y 18,2%, respectivamente, y sí hay cifras por comuna: Quintero
apuntó 15,8% por ingreso y 26,7% multidimensional, mientras que
Puchuncaví 15% y 23,4%.

A nivel nacional, en 2017 fue de 8,6% por
ingresos y 20,7% multidimensional, y en 2015 de 11,7% 20,9%. Es por ello
que la investigación destaca que “la pobreza por ingresos y
multidimensional de las comunas de Puchuncaví y Quintero es superior al
nivel regional y nacional. Por tanto, a pesar de la existencia de
importantes empresas (éstas) no generan desarrollo para sus comunidades,
aunque sí son generadoras de empleos, un dato importante por la
inversión social de las empresas”. Además, hace una comparación de las
normas chilenas con los valores de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) respecto a la emisión de contaminantes.

“Observamos
que, en general la norma chilena es menos exigente que la recomendada
por la OMS, es importante tenerlo presente para futuros planes de
contaminación y revisión de la normativa actual para los distintos
sectores emisores de la zona”, señala.

Y concluye: “En el proceso de
levantamiento de la información sobre indicadores de emisiones de las
empresas analizadas se observa que no son levantados ni comunicados
debidamente, generando desconfianza en la opinión pública y en los
habitantes de las localidades aledañas afectando la reputación de dichas
empresas y poniendo en riesgo sus operaciones en el corto y mediano
plazo y exposición internacional del país en materia de cumplimiento
ambiental, especialmente, cuando se pide reducir los impactos a la
atmósfera para disminuir el cambio climático global”.

Análisis a los reportes de sostenibilidad

El
estudio concluye que con la documentación de la gestión de
sostenibilidad de las firmas de mayor reconocimiento de marca -sin
desconocer que existe más de una treintena ubicadas en la localidad-
“aún no existe claridad sobre cómo abordarla a pesar de todos los plan
es
de descontaminación, comisiones, programas y regulaciones.

El Estado es
el responsable de velar porque así lo contempla nuestra Constitución y
las empresas en su mayoría alineadas a mecanismos de compromiso
voluntario en principios como “respeto por el medio ambiente”;
“responsabilidad social”; y “relacionamiento con las comunidades
locales”. Al respecto, una de las autoras del estudio, Reinalina
Chavarri, comenta que “hay una brecha en la forma en que tanto las
empresas como el Estado abordan los temas de contaminación, de salud
pública y de la capacidad que tienen los actores para poder trabajar los
problemas de la comunidad”.

Asimismo, explica que las compañías también
“tienen brecha en la manera en que informan y cómo informan sus
reportes de emisiones que están en la ley chilena y si los cumplen, pero
resulta que hay otras partículas que están en suspensión y que llegan a
las personas.

Hay una falta de legislación que esté alineada a los
estándares de la OMS”. Finalmente, señala que las industrias emplazadas
en la bahía “han ofrecido varios planes

de mejoramiento para la comunidad, pero ninguna de ellas tiene un
análisis, una evaluación de los avances, de las mejoras y de los
aprendizajes que han tenido en la zona, por lo tanto aquí hay
responsabilidades compartidas”.

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