En
julio se encendieron las alarmas. Las negociaciones por el Pacto
Migratorio de la ONU ya llevaban un par de meses y Chile seguía de cerca
cada parte del proceso. Pero ya tras la última reunión de los países
integrantes en Nueva York, se pudieron constatar varios puntos que iban a
ser presentados en la cumbre de Marruecos que preocuparon al Gobierno.
Según informa El Mercurio, en aquel mes se apreciaron diferencias entre
migración regular e irregular; la falta de detalles sobre los derechos
de estados; la petición de apoyo financiero y jurídico a los migrantes
retornados; entre otras cosas. Finalmente, y a última hora, La Moneda
decidió restarse.
“Nos
enteramos al bajar del avión de regreso a Chile. Fue absolutamente
inesperado y sorpresivo, pues todos los antecedentes que conocíamos era
que Chile estaba alineado armónicamente con el pacto”, explicó a dicho
medio la diputada PPD Andrea Parra, quien hace unos días se encontraba
en Marrakech para manifestar su apoyo al pacto. De acuerdo al medio
citado, al interior del Gobierno hubo dos voces en conflicto: por un
lado Cancillería se apoyaba en el Derecho Internacional, apuntando a
aprobar el pacto ya que “este no tendría grandes efectos en la política
chilena”.
En tanto, en Interior preocupaba que la aprobación pudiera
jugar en contra de la política migratoria implementada al interior de
país. Y si bien en un principio se acordó aceptar ser parte,
pero con varios reparos, el embajador ante la ONU, Milenko Skoknic –que
hoy descartó cualquier tipo de desacato-, entró al debate tras revisar
un discurso, hasta ese entonces considerado intocable, que debía ser
leído en la cumbre de la ONU.
Asimismo,
Chile continúa vinculado en materia internacional en las últimas horas,
comunicándose a través de un comunicado el Gobierno rechazó a la
decisión de Nicaragua de cancelar la personalidad jurídica a
organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa de la
libertad y de los derechos humanos. “Esta medida, inexplicable e
indefendible, nos causa extrema preocupación y ha originado desde ya una
amplia condena de la comunidad internacional”, dice el documento del el
ministerio de Relaciones Exteriores.
Junto a lo anterior, se señala que
se “insta al Gobierno de Nicaragua a dejar sin efecto estas medidas que
claramente contravienen todos los instrumentos regionales y universales
en materia de libre expresión y cautela de los derechos humanos”.
Por
último, se hace un llamado a solucionar “la grave crisis” por la que
atraviesa dicho país a través de un diálogo amplio y sin exclusiones con
participación de todos los sectores de la sociedad nicaragüense. En la
misma línea ayer la alta representante de Asuntos Exteriores de la Unión
Europea (UE), Federica Mogherini, también criticó la resolución,
asegurando que marca “un paso más contra el Estado de Derecho, las
libertades civiles y el respeto por los derechos humanos”.
Y añadió que
“es la responsabilidad de las autoridades garantizar y proteger una
sociedad civil vibrante y una prensa libre. Son pilares esenciales de la
democracia y silenciarlas contrarresta la creación de condiciones para
la reconciliación”.