Soledad Soto V.
Alejandro Salazar C.
Esta semana, el Senado aprobó en términos generales la iniciativa que busca modificar un artículo en la Ley del Fomento a la Música, para que la emisión diaria de las radios tenga 20 por ciento de temas creados o interpretados por chilenos.
Se trata de una nueva medida para la difusión de la música nacional, lo que parece ir muy de la mano con la “imposición” de pagar por la emisión de canciones a la Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD).
En la votación del proyecto, 16 senadores votaron a favor, seis lo hicieron en contra, hubo cinco abstenciones y cuatro pareos. Al mismo tiempo, se determinó que la iniciativa retorne a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, con el fin de discutir nuevas indicaciones. Estas tienen un plazo de presentación hasta el día 30 de junio, para luego volver a la sala. La propuesta busca fijar porcentajes mínimos de emisión de música nacional y música de raíz folclórica oral a la radiodifusión chilena.
El texto se fundamenta en que muchos autores nacionales han perdido vigencia debido a la falta de exposición de su obra en los medios de comunicación masiva, en particular los radiales. De esta manera, se indica que en el caso de la programación diaria de radiodifusión sonora la presencia de la música nacional es reducida, lo que contribuye a acrecentar este fenómeno.
Asimismo, se plantea que “si se aumentase la presencia de música nacional en la programación diaria de las radios, se catalizaría y fortalecería la demanda necesaria para vigorizar su desarrollo”.
Por otra parte, la norma busca incrementar la recaudación que por el concepto de pago por la utilización de fonogramas para su difusión, correspondería a sus autores y/o ejecutores, sin implicar un mayor gasto para los radiodifusores, por cuanto sólo se reemplazarían los pagos efectuados a extranjeros por el mismo concepto.
Sobre el control de la música emitida por la radiodifusión, el proyecto establece que correspondería a la Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD), la que mantiene vigente un sistema que permite, por una parte, conocer la nómina de canciones emitidas y, por la otra, recaudar los derechos correspondientes.
Tal como ocurrió con el pago por el uso, esta iniciativa nuevamente pone en veredas distintas a la SCD y a la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi). Esta última ha expresado su malestar incluso con un spot radial de casi 30 segundos, donde se puede escuchar una conversación entre una mejor que quiere ver una película y el vendedor de ticket le vende otro, diciendo que va a ver lo que él quiere que vea. El anuncio termina con la frase “la música chilena debe fomentarse y difundirse, no imponerse”.
La discusión por este proyecto no es nueva. Su primer esbozo al Congreso se presentó en 2009, desatando las primeras escaramuzas entre SCD y Archi. El pasado 23 de abril, tras perder 13 votos a favor y 12 en contra, el proyecto volvió a su etapa previa, marcando un retroceso importante en la lucha de los músicos chilenos, que veían en esta ley una oportunidad de posicionarse en el medio radiofónico.
El principal argumento de las radioemisoras es que el proyecto está mal hecho, ya que existen muchas radios que sólo emiten música en inglés, y este 20% de temas chilenos y 5% folclórico, obligaría a cambiar la transmisión dichas emisoras. La medición on-line que realiza la Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD) con fondos del Consejo de la Música, señala que actualmente las radios emiten un promedio de música nacional de 16%.
Sin embargo, la mayoría de los músicos chilenos manifiestan que la ley viene a hacer justicia con su trabajo y con el resguardo del patrimonio cultural local, ya que una ley de estas características permite más conexión con la gente. Y más aún, hay quienes consideran que el porcentaje es bajo y que debería empinarse por sobre el 50%.
Conflicto en los ‘90
Fue en la década de los ’90 cuando en Magallanes, al igual que en otras regiones del país, la entonces llamada radiotelefonía comenzaba a vivir una etapa marcada por una globalización amenazante, que comenzaba a asfixiar la existencia de estaciones que habían recogido un legado importante de los llamados “hombres de radio”.
La globalización iba a tener un fuerte impacto, reflejado con la entrada a la escena radial de grandes cadenas. Ya no se trataba de renovarse o morir, como había ocurrido a fines de los ’80. Esta vez la situación iba más allá.
Los directores de medio lo sabían, y advertían. “Se vienen tiempos difíciles. De las radios que hoy están en el dial de Amplitud Modulada (AM) y de las que incursionan en la FM, van a quedar las menos, con suerte alguna”, advertían.
Era el apocalipsis radial el que se planteaba. Lamentablemente, estaban en lo cierto. Con el correr de los meses, el dial AM comenzó a extinguir a las emisoras magallánicas y en la Frecuencia Modulada, la programación local comenzaba a silenciarse y a dejar su lugar a radios conocidas a nivel país y también de las otras, de las que poco y nada se sabía.
Además de la competencia que significaban las “visitantes”, las pocas radioemisoras sobrevivientes debían sortear otro problema: la exigencia de la Sociedad Chile del Derecho de Autor de dinero por la utilización de música. El cobro era retroactivo y representaba varios millones. Los menos, pagaron, los más debieron enfrentar demandas que los llevarían a tribunales.
Tal exigencia por parte de la SCD se haría extensivo a todo establecimiento donde se escuchara una canción. El cálculo para el pago consideraría varias opciones. por ejemplo las discotecas cancelaban (al momento de crearse la norma) el 3% de las entradas cortadas, los recitales el 5% de sus boletos, los restaurantes el 1,25% del consumo, mientras que las fuentes de soda y “cafés con piernas” el 1,5% de sus ingresos.
En los casos de las tiendas debían cancelar 5.400 pesos por los primeros 25 metros cuadrados y 48 pesos por cada metro cuadrado adicional.
La Unidad Musical (UM) equivale a 14.711 pesos, y fue creada por la SCD en conjunto con la Sociedad Hotelera y Gastronómica de Chile para fijar una unidad de pago diferenciada y más beneficiosa para sus asociados, quienes no pagan por el rubro de sus actividades sino por las dimensiones de sus negocios.
Pese a lo anterior, muchas radioemisoras y locales optaron por llevar sus casos a tribunales, con resultados tan diferentes que algunos debieron pagar la totalidad de lo exigido, otros obtuvieron fallos favorables, mientras unos cuantos debieron cerrar sus cortinas de manera definitiva por la incapacidad de asumir el pago de la deuda y sus intereses.