Este martes se conformó la comisión revisora de la acusación constitucional contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos.
Tras el sorteo, quedó conformada por los diputados de Renovación
Nacional Hugo Rey y Catalina del Real, los UDI Pedro Álvarez-Salamanca y
Celso Morales, y la parlamentaria de Revolución Democrática, Maite
Orsini. Es decir, cuatro oficialistas y una opositora.
La
comisión no estará encargada de dirimir en cuanto al resultado de la
acusación constitucional, sino de estudiar los antecedentes de ésta,
junto con la defensa de la secretaria de Estado. Para ello, Cubillos
quedará con arraigo nacional y tendrá 10 días hábiles para presentar sus
descargos.
Tras esto, la comisión presentará un informe a la sala de la Cámara,
donde el libelo deberá votarse, requiriéndose 78 votos para ser
aprobado.
El libelo, que constará de 5 capítulos, alude a
supuestas infracciones cometidas por la secretaria de Estado a la
Constitución, además de faltas a la ejecución de leyes, principalmente,
aquellas que componen la reforma educacional aprobada en el gobierno
anterior.
Otro de los capítulos que conforman la acusación constitucional, es
una eventual vulneración del principio de probidad, en su dimensión de
falta de veracidad, respecto de la información que entregó la secretaria
de Estado sobre el Sistema de Admisión Escolar (SAE), en medio de la
campaña comunicacional del Gobierno por el fracasado proyecto de
Admisión Justa.
Tras el sorteo, el diputado socialista Juan Santana llamó a la
imparcialidad a los parlamentarios que conforman la comisión, pidiendo
que se analice el libelo en su mérito.
Por su parte, la parlamentaria oficialista Catalina del Real indicó
que tienen que darse las garantías de que se respetará el debido
proceso, y comprometió imparcialidad, reconociendo “tintes políticos”
respecto de quienes presentaron la acusación constitucional.
El
diputado socialista Leonardo Soto se mostró confiado en que la oposición
tendrá los votos para aprobar el libelo y pasar al Senado, poniendo en
duda la libertad de enseñanza que la ministra Cubillos ha dicho
defender, debido al apoyo que la secretaria de Estado hizo de la
dictadura de Augusto Pinochet.
“Ella habla de que se la censura por pensar distinto, ella cree en la
libertad. Sabemos que su historia la contradice: ella participó en la
campaña del Sí para la reelección del dictador, entonces los chilenos
pensamos sobre la libertad algo distinto de lo que cree la actual
ministra”, dijo.
Desde el Gobierno, en tanto, han insistido en
desacreditar la acusación constitucional aduciendo que carece de
fundamentos jurídicos y que sólo tiene por objeto censurar a la jefa del
Mineduc.
El ministro del Interior, Andrés Chadwick, incluso aseguró que serían
los propios diputados que apoyan el libelo quienes estarían faltando a
su deberes constitucionales por usar la acusación, pese a ser un
herramienta de exclusiva competencia de los legisladores.
“Es muy grave cuando las instituciones y, en este caso, un sector de
la Cámara deja de cumplir sus atribuciones de acuerdo a la Constitución.
Es muy grave porque se debilita el funcionamiento de la democracia”,
sostuvo.
La ministra de Educación, por su parte, ha defendido que los hechos imputados en la acusación son falsos y que no tienen fundamento jurídico, diciendo esperar que los diputados analicen la acusación en su mérito constitucional y jurídico.
Sobre el uso de una base de datos de apoderados de colegios por parte
de la ministra para hacerles llegar información política, la secretaria
de estado aseguró que los apoderados valoran tener más información al
respecto y que los órganos competentes del Estado avalaron el actuar del
Ministerio.
Además, señaló que es válido que existan diferencias políticas en
democracia, criticando que -a su parecer- se han querido instalar como
infracciones a la Constitución, haciendo alusión a uno de los capítulos
que agregó el Frente Amplio, sobre el no pago de la mención a las
educadoras de párvulo y diferencial, señalando que es una ley del 2006
la que las excluyó.
FUENTE: BIOBIO CHILE