Solo el 14% de los pacientes que llegan en estado grave a las clínicas logra ser trasladado a centros de la red pública luego
de ser estabilizado. El resto, permanece hospitalizado en el área
privada por un promedio de 7 días. Lo anterior, informó La Tercera en
base a cifras de Fonasa, implica un alto costo de la atención en el
marco de la Ley de Urgencia.
En cuatro años, este aumentó en un 364%,
pasando de $10.535 millones de rebose en 2013 a $48.984 millones el año
pasado. Según rige la ley desde 1999, todo prestador de salud debe
recibir, atender y estabilizar a los pacientes que se encuentren con
riesgo vital o secuela funcional grave, sin importar que este no posea
sus convenios con prestadores.
Luego,
el paciente debe decidir si se queda en la clínica, asumiendo los
costos que implique, o ser trasladado. De ser así, el recinto debe
avisar a la red pública que este ya está apto para ser trasladados. Sin
embargo, esto no ocurre en los plazos debido principalmente a la falta
de camas en hospitales. Lo anterior, implica que Fonasa deba pagar tanto
la atención de la urgencia, como la permanencia extra.
En 2017, año en
que se atendieron más de 12 mil personas, el fondo debió saldar $30.262
millones por urgencia, versus los casi 49 mil en rebose. Consultado por
el tema, el director del Servicio de Salud del Maule, Max Aguilar,
explicó al medio ya citado que, si bien “estamos continuamente revisando
y rescatando a los pacientes, siempre hay una demanda de camas, incluso en la urgencia, y tenemos que esperar para poder hospitalizar”.
Medidas y metas
Ante
esta situación, autoridades de Fonasa y del Ministerio de Salud
comenzaron a implementar medidas para disminuir los costos y así
alcanzar una meta de rescate de pacientes del 28% para fines de este
año. Entre estas, se encuentran mejorar los protocolos y criterios de
atención, explicando las circunstancias en que procede la declaración de
riesgo vital. Otra, que los directores de servicios y hospitales
justifican casos no rescatados, además de incorporar nuevos
procedimientos en relación a los criterios de pago, y fiscalizar el uso
correcto de la ley.