Las indagaciones iniciaron luego que el jefe del Ministerio Público,
Jorge Abbott, fijara criterios de actuación para perseguir a quienes
sean diagnosticados con coronavirus o sean sospechosos de contraerlo, y
no hayan respetado las medidas preventivas ordenadas.
Puntualmente, se les investiga por infringir el artículo 318 del Código Penal, que sanciona a las personas que ponen en peligro la salud pública en tiempo de catástrofe, epidemia o contagio.
Así lo explicó, el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales,
Claudio Uribe, quien afirmó que “la idea es que acá hay normas penales
que sancionan este tipo de conductas”.
Asimismo, el ente persecutor, investigará a quienes, siendo residentes
de las comunas donde se haya decretado cuarentena total o prohibición de
salir de ella, no respeten la medida obligatoria y también a quienes no
respeten el toque de queda.
Por su parte, el fiscal jefe de Delitos Violentos, que está a cargo
de ilícitos sanitarios en la Fiscalía Sur, Christian Toledo, explicó la
pena que arriesgan los infractores.
“El delito propiamente tal tiene una pena que va desde 61 días a 540
días de presidio, o también tienen asociada una pena de multa, dependerá
de la situación de cada persona”, sostuvo Toledo.
Adicionalmente a los casos investigados, y que en su mayoría se
relacionan con el incumplimiento de las medidas decretadas por la
autoridad, existen otros casos a lo largo del país donde también se
persiguen delitos relacionados a la emergencia.
Entre ellos, dos personas fueron formalizadas en la región de
O’Higgins por el delito de venta de producto farmacéutico falsificado, y
en el Maule, el intendente de la región, Pablo Milad, puso una denuncia
por el delito de violación de secreto, con el objetivo de perseguir
responsabilidades tras la filtración de datos personales de eventuales
pacientes relacionados con Covid-19.