En
el marco de su última cuenta pública antes de abandonar el Ministerio
Público, el fiscal regional Metrpolitano Sur, Raúl Guzmán, se refirió a
las investigaciones por ataques explosivos e incendiarios ocurridos en
la capital. Para ello, recordó Guzmán, se conformó en 2014 un equipo
investigativo de fiscales y funcionarios, apoyados por unidades de dicha
jurisdicción -a cargo de este tipo de casos en la capital- y de la
Fiscalía Nacional, quienes trabajaron junto a policías del OS9, Labocar y
Gope de Carabineros.
Desde
2014, añadió, se han asignado 349 casos a dicha agrupación, de las
cuales 69 se mantienen vigentes. “Este trabajo metódico, serio,
planificado, controlado y técnico ha permitido que se condene a siete
imputados”, especificó. Sobre esto último, recordó la sentencia de 23
años de presidio dictada contra Juan Flores Riquelme por posesión de
bomba; y colocación, activación y detonación de artefacto explosivo
-este último considerado como conducta terrorista- debido a la explosión
ocurrida el 8 de septiembre de 2014 en el Subcentro de Escuela Militar.
“Esta es la primera condena por un delito de terrorismo urbano desde la
entrada en vigencia del actual sistema Procesal Penal y constituye, por
sus características, un motivo de legítimo orgullo para el Ministerio
Público”, aseguró. Por este caso, en agosto del 2018 las 23 víctimas del
atentado se reunieron en La Moneda con el ministro del Interior, Andrés
Chadwick, para contar su experiencia. Tras la cita, y otras gestiones,
añadió Guzmán, “se ha avanzado para la concesión de pensiones de gracia”
para los afectados.
Fiscalía especial
A
cinco meses de cumplir su período de ocho años, Guzmán se mostró
satisfecho con la forma en que se han indagado los casos. “Tratamos de
buscar los mejores recursos que tenemos dentro de la limitación que
tiene el Ministerio Público en recursos humanos y materiales. Hemos
tenido el apoyo del Gobierno en estas investigaciones y también el
compromiso de las policías Sin duda los recursos siempre son escasos y
es necesario contar con más”.
A
raíz de esto último, el persecutor plantó la inquietud de conformar una
fiscalía especializada para abordar delitos de carácter terrorista, la
cibercriminalidad y secuestros, la cual esté compuesta de “fiscales y
policías especializados que aborden este fenómeno a nivel regional o
nacional”. La última indagatoria asignada al equipo es aquella generada
tras el estallido de un paradero del Transantiago el pasado 4 de enero:
“El último atentado (…) nos recuerda que se debe contar con las
mejores experiencias y prácticas investigativas en estos casos, dadas
las complejidades que los mismos presentan”.
Por ello, Guzmán pidió al
Gobierno volver a trabajar con el grupo de policías que participó en
investigaciones similares, y el cual fue disuelto tras la “Operación
Huracán”, ya que la institución cerró todas las unidades de inteligencia
policial, siendo una ellas el lugar desde el que funcionaba el grupo.
“Hemos logrado reincorporar aquellos funcionarios que venían funcionando
con nosotros, que manejan información y conocimiento en cuanto al
trabajo en el sitio del suceso, en manejo de las comunicaciones, el
abordaje de víctimas y testigo, y en ese sentido podemos estar
tranquilos”.