En 2017, cuando en el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de
la región de Valparaíso realizaban trámites para legalizar terrenos,
uno de los funcionarios que debía efectuar el procedimiento
administrativo encontró una carpeta. En ella se hallaban varias
escrituras que contenían un secreto: el Serviu había otorgado ocho
parcelas del loteo irregular “Aurelio Catalán” de Algarrobo a
particulares.
La zona donde estaban ubicadas no era cualquiera, menos su precio. A
unos 400 metros de la playa y a pasos de la carretera que conduce al
condominio San Alfonso del Mar, su valor superaba los 481 millones de pesos, en un área de alta plusvalía que aumenta con los años.
A medida que avanzó la revisión, se percataron que algunos de los
beneficiados ni siquiera estaban vivos cuando se asignaron los terrenos,
y que ninguno había demostrado ser heredero de alguien que hubiera
participado del proceso.
Escarbando entre los archivos aparecieron una serie de resoluciones fechadas en 2015, con las que el Serviu dividió y repartió el terreno, tras haberlo arrebatado a un particular.
Hasta ese momento todo poseía un aura de legalidad, pero quienes
recibieron las tierras tenían vínculos coincidentes: eran amigos y
familiares de altos funcionarios de la Unidad de Regularización de
Loteos Irregulares (URLI) del Serviu porteño.
Los abogados Juan Toro Garrido y Carolina Morales, además del arquitecto Eduardo Sandoval,
quienes se desempeñaban en esa repartición, habrían sido los cerebros
que aprobaron y legalizaron documentación de manera irregular, sin que
nadie se percatara.
Cuando la autoridad descubrió el hecho en 2017, presentó una querella
por el delito de fraude al Fisco y estafa calificada en el Juzgado de
Garantía de Valparaíso, en contra de los tres funcionarios y “quienes
resulten responsables” de los ilícitos.
El caso quedó en manos del Ministerio Público local y este año fue
asignado a la Unidad Regional Anticorrupción (URAC), pero hasta ahora no
hay formalizados pese al tiempo transcurrido.
En tanto, el Serviu realizó un sumario administrativo en contra de
los tres funcionarios respecto de quienes existían sospechas, el que no llegó a buen puerto porque los dos abogados ya habían renunciado y el arquitecto trabajaba bajo la modalidad de honorarios, por lo que no fue posible recurrir en su contra.
La historia del loteo Aurelio Catalán parte hace más de 40 años, cuando el Estado resolvió administrarlo.
Gran plusvalía
De acuerdo a las facultades que le daba la Ley 16.741 o de Loteos
Irregulares, en 1970 el presidente Salvador Allende declaró “en
situación irregular” el loteo Aurelio Catalán.
Bajo esta norma legal se buscaba urbanizar y entregar títulos de
dominio definitivos a quienes hubieran acreditado sus derechos sobre un
terreno –porque habían comprado al dueño–, o a quienes lo hubiesen
ocupado, que debían pagar una suma de dinero a la entonces Corporación
de Servicios Habitacionales. Ante ella debían recurrir los llamados
“verificantes”, para obtener sus títulos de dominio.
En el caso del Aurelio Catalán, se elaboró un plano de 15 lotes.
En El Mercurio de Valparaíso del 3 de octubre de 1975 se publicó parte
de la resolución exenta Nº 1.138, que daba cuenta de la asignación de
las parcelas.
Gran plusvalía
De acuerdo a las facultades que le daba la Ley 16.741 o de Loteos
Irregulares, en 1970 el presidente Salvador Allende declaró “en
situación irregular” el loteo Aurelio Catalán.
Bajo esta norma legal se buscaba urbanizar y entregar títulos de
dominio definitivos a quienes hubieran acreditado sus derechos sobre un
terreno –porque habían comprado al dueño–, o a quienes lo hubiesen
ocupado, que debían pagar una suma de dinero a la entonces Corporación
de Servicios Habitacionales. Ante ella debían recurrir los llamados
“verificantes”, para obtener sus títulos de dominio.
En el caso del Aurelio Catalán, se elaboró un plano de 15 lotes.
En El Mercurio de Valparaíso del 3 de octubre de 1975 se publicó parte
de la resolución exenta Nº 1.138, que daba cuenta de la asignación de
las parcelas.
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