Así se establece en un documento que la ministra de Justicia, Javiera
Blanco, dejó al descubierto durante una conferencia de prensa que
realizó en el Palacio de La Moneda y cuya imagen difundió la agencia de
noticias UNO.
El martes 27 de octubre, pasado un mes de la movilización, se produjo
el primer acercamiento entre el Gobierno y los funcionarios, pero la
propuesta que se presentó entonces fue rechazada y se generaron duras
acusaciones cruzadas entre la ministra de Justicia, Javiera Blanco, y la
líder de Anercich, Nelly Díaz. Desde entonces se han sucedido reuniones
sin éxito.
Este miércoles la situación se produjo una vez más con la ministra
Blanco anunciando que no se pagarán sueldos a los funcionarios que han
participado de la movilización e instando a los trabajadores a
honorarios cuyo contrato vence en diciembre a retomar sus labores,
dichos que Díaz calificó de amenazas y que replicó señalando que “cuando
uno se desespera habla cosas que no corresponden”.
El Gobierno descartó implementar un bono asociado a la cantidad de
atenciones realizadas por cada funcionario, que constituía un costo de 4.800 millones de pesos, y ha estado ofreciendo reformular el bono por calidad de atención que ya reciben.
La exigencia de Anercich se fundamenta en un protocolo de acuerdo firmado en agosto
en el que el Ministerio de Justicia y la Dirección del Registro Civil
se comprometieron a proponer a la Dirección de Presupuesto “un sistema
de incentivo remuneracional que reconozca la labor de los funcionarios”.
De acuerdo al documento que dejó ver la ministra Blanco en La Moneda,
en los avances en las conversaciones se planteó la “creación de un
nuevo instrumento cuyos criterios serán establecidos en una mesa
técnica”, algo que es bien visto por los funcionarios.