Según
el informe entregado ayer por la Compañía de Jesús, después de seis
meses de investigación canónica previa, abierta tras la denuncia de la
teóloga Marcela Aranda, Poblete cometió 48 abusos sexual, de poder y de conciencia,
Pero a su caso se sumaron 21 nuevas denuncias, todas de mujeres. De
ellas, 16 eran mayores de edad, y cuatro corresponden a menores. Los
hechos se registraron, según el informe, desde 1960 a 2008.
En ese periodo de casi cinco décadas, la indagatoria estableció que
sostuvo seis relaciones estables, donde en al menos cinco se registraron
elementos abusivos. No hay antecedentes de hijos producto de esas
relaciones.
Sobre las denuncias de Marcela Aranda se consideraron todos los
hechos plausibles, y se logró corroborar los abusos. Se estableció que
en al menos uno de los tres abortos forzados que acusa se puede
comprobar intervención de Poblete.
Según el provincial de los jesuitas, Cristián del Campo, es un
informe contundente que da cuenta de un abuso sistemático, amparado en
una doble vida, basada en su imagen pública de persona de bien.
Facilitaron los abusos las redes y el acceso sin control al dinero,
aspecto donde los jesuitas hicieron un mea culpa.
“Tuvo un acceso a dineros que no fue debidamente controlado y supervisado por la Compañía de Jesús”, admitió.
Sin embargo, el informe no logró comprobar la existencia de
encubrimiento, en los términos legales de esta figura delictual, pero
reconoció que hubo sacerdotes que conocieron antecedentes a través de
rumores, como el caso del exprovincial Juan Ochagavía, quien reconoció
haberse reunido con Aranda.
En este caso, la investigación da cuenta de “negligencia, en cuanto
al seguimiento de la información y al cuidado de la víctima”, pero no de
encubrimiento, lo que fue duramente cuestionado por las víctimas de
otros jesuitas.
Con todo, la Compañía de Jesús ofreció perdón, algo que según del
Campo, no obliga a las víctimas a perdonar. Pretenden avanzar en
reparación, pero no sólo económica, sino también simbólicas. Están
dispuestos a financiar tratamientos psicológicos.
Cristian del Campo reconoció que hubo arrogancia en reconocer estos
casos. “Así como apoyamos la decisión del Gobierno de cambiar la estatua
y cambiar el nombre del parque Renato Poblete (ahora Parque de la
Familia), vamos a considerar otras medidas que puedan dar cuenta de lo
que ha encontrado esta investigación”.
En sus redes sociales, Marcela Aranda valoró el informe y dijo haber
quedado satisfecha con el trabajo del abogado Waldo Bown. De paso,
agradeció a Cristián del Campo por decidir realizar esta indagatoria de
manera independiente.
“El proceso de reparación es largo y muy difícil. Pero la entrega de
este informe y el pronunciamiento claro de la Compañía de Jesús,
ciertamente son un paso importante, que valoro mucho y que me está
ayudando grandemente en este doloroso proceso de recuperación”,
escribió.
En lo legal, el abogado de Marcela Aranda, Juan Pablo Hermosilla,
confirmó que está abierta una investigación penal de estos hechos, en la
que ya declaró su representada. La causa estaría abierta desde abril.
Eso sí, según Hermosilla, Aranda le pidió no realizar acciones
legales en contra de la Congregación Jesuita, “porque ellos han
reconocido su responsabilidad en esto. Han hecho una investigación muy
buena, muy rápida. E incluso ya están abiertos al tema de la
reparación”, explicó.
Denunciantes reprochan negación de encubrimiento
Eso sí, el vocero de los denunciantes de jesuitas, Daniel Palacios,
cuestionó que no se reconozca el encubrimiento. “No puede ser que nadie
supiera de estas situaciones de abuso. Que la compañía diga que no hay
encubrimiento, es algo que hay que dejarle a la justicia ordinaria”,
remarcó.
Pese a ello, otro de los denunciantes de jesuitas y vocero de la Red
de Sobrevivientes, Helmut Kramer, subrayó que este informe muestra cómo
era realmente Renato Poblete.
“Se abre el primer paso, que es establecer una verdad. Hoy nadie
puede decir que Poblete fue un santo en vida. Que dedicó su vida a los
más pobres. Dedicó su vida a destrozar otras vidas. A abusar. A violar. A
hacer que una mujer abortara. Y esa verdad hoy es innegable”, apuntó.
Con todo, según la congregación, los antecedentes serán entregados a
la justicia y se respetará la reserva de los nombres de las demás
denunciantes. Aunque, de todos modos, instaron a las víctimas a
denunciar ante la Fiscalía.
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