La Cuenta Pública fue un bocado que provocó acidez en el Colegio de Profesores. A pesar de los anuncios en educación, la idea de atar el pago de la deuda histórica a la reforma tributaria no fue fácil de digerir.
“Si fuera por mí, hay que convocar a paro nacional”, señaló al día siguiente Carlos Díaz, presidente del gremio, lo que no estaría lejos de concretarse.
Tras una movilización ascendente, que se extendió hasta por dos días, el Gobierno ya fue advertido: el paro puede ser total si no se da respuesta antes del 17 de agosto.
En caso de materializarse, se sumaría a una larga lista de preocupaciones que integran el control del orden público, la discusión de la reforma de pensiones y la reciente despedida del ministro Giorgio Jackson, entre otras.
“Si es que el Colegio de Profesores consigue convocar a un número alto de docentes y de gremios, probablemente se pueda transformar en una bomba para La Moneda”, señala Mario Herrera, investigador del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca.
Hasta ahora, los gremios tradicionales habían mantenido una relación fluida con el Ejecutivo. La muestra está en la aprobación de proyectos como las 40 horas y el salario mínimo de $500 mil. Sin embargo, algunas piezas del puzzle no terminan de encajar.
¿Obstinación de algunos sectores o promesas de campaña demasiado elevadas? Quizá, como ocurre en las pruebas, a) y b) son correctas.
De cualquier modo, si los docentes deciden tomar el camino de la paralización, tendrán a uno de los suyos como contraparte: el profesor Marco Antonio Ávila, quien sucedió a una serie de abogados, asistentes sociales e ingenieros en el cargo.
Una “mezcla explosiva” en La Moneda
Repartió apretones de manos y abrazos. Tras el rechazo de la acusación constitucional en su contra, impulsada por las diputadas Sara Concha y Francesa Muñoz, el rostro del ministro Ávila sólo demostraba felicidad.
El titular de Educación ya había sobrevivido al cambio de gabinete del 10 de marzo, luego de posicionarse entre los candidatos a dejar La Moneda, y cuatro meses más tarde se aferraba nuevamente a su puesto.
A pesar de este instante de celebración, un flanco del Mineduc ya era desafiado por el Colegio de Profesores: el paro ascendente iba de todos modos a la vuelta de vacaciones.
Una lista de ocho puntos había sido enviada 26 días atrás a la oficina ubicada en la Alameda 1371. La reparación de la deuda histórica, un plan para enfrentar la violencia escolar y el pago de los bonos de retiro atrasados eran las demandas que encabezaban el documento.
Si bien el tema no copó la agenda producto de los escandalosos convenios investigados por la Fiscalía, esta semana será el plazo límite para alcanzar acuerdo o abrir paso a una movilización indefinida.
“Fue el Presidente quien se comprometió con nosotros cuando era candidato. Él marchó con nosotros cuando era líder estudiantil y diputado”, sostiene Carlos Díaz, timonel del órgano colegiado.
Además, afirma que “por la efervescencia que hemos visto, podríamos llegar a una adhesión del 90%, lo que significaría un serio problema para el sistema en general”.
Desde el Ministerio de Educación están confiados en pactar mínimos comunes de aquí al 17 de agosto, pero el Colegio de Profesores no da su brazo a torcer. “En todos los puntos son insuficientes las respuestas que nos han entregado”, apunta Díaz.
De acuerdo a Marco Moreno, director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, se podría producir una “mezcla explosiva” al combinar este paro con los demás contratiempos del Gobierno.
“Cuando se tienen muchos flancos abiertos, como ocurre con la actual administración, se generan incentivos para que estos movimientos sociales busquen conseguir beneficios”, asegura.
Por otra parte, recuerda que en noviembre se realizarán las elecciones internas del gremio, por lo que los liderazgos intentarán validarse de cara a este proceso.
“Quizá el Gobierno fue ambicioso”
“Repararemos la deuda histórica con el profesorado de Chile, partiendo durante el primer año de gobierno por las y los docentes de mayor edad, para terminar beneficiando a un total de casi 60.000 docentes afectados al final de nuestro mandato”, se puede leer en el programa de Gabriel Boric.
No obstante, el Presidente reconoció el 1 de junio pasado que “el Estado de Chile no cuenta hoy con los recursos suficientes para hacerse cargo de toda esa reparación”, por lo que se requiere de la reforma tributaria.
La diputada Mónica Arce (IND-PPD), integrante de la Comisión de Educación de la Cámara, tilda de “agotador” escuchar que todas las demandas sociales se resolverán con esta iniciativa.
“No puede ser que sea tan milagrosa o que venga a resolver todos los problemas. Quizá el Gobierno fue ambicioso, porque hay promesas de campaña que hoy están retrocediendo”, indica.