Una
indicación al proyecto de ley que establece un nuevo mecanismo de
financiamiento de las capacidades estratégicas de la Defensa Nacional,
firmó en la jornada de ayer lunes el Presidente de la República,
Sebastián Piñera, derogando la Ley Reservada del Cobre y “modernizando”
la forma en que se produce el financiamiento.
Con estas modificaciones,
el Mandatario buscar sacar adelante un proyecto presentado en su primer
gobierno (en mayo del 2011), el cual “buscaba cambiar lo que se ha
denominado la Ley Reservada del Cobre”. Iniciativa que en su momento fue
aprobado por la Cámara de Diputados y se encuentra hoy en segundo
trámite en el Senado.
“Vamos
hoy a presentar una indicación que, manteniendo la columna vertebral
del proyecto original, mejora, perfecciona, adecúa y moderniza el
proyecto de ley para que cumpla de mejor forma ese doble objetivo que
queremos lograr con el financiamiento de nuestras Fuerzas Armadas”,
apuntó Piñera, destacando que la defensa nacional es un asunto de
“Estado”.
A
su juicio, “este es un deber primordial del Estado, el dotar a nuestras
Fuerzas Armadas de los recursos necesarios para cumplir”. Con ello, el
Mandatario recordó que hoy se financia el gasto ordinario a través del
presupuesto anual (salarios, entrenamientos y operaciones, entre otras),
a la vez que existe un segundo mecanismo por Ley Reservada del Cobre
que “financia las adquisiciones destinadas a mantener las necesarias
capacidades estratégicas”, siendo este último el cual esperan reformar.
Modificaciones
Asimismo,
el Presidente Piñera recordó que “sólo en diciembre del año 2016,
después de casi 60 años de existencia, esta ley junto con sus
modificaciones dejó de ser una ley secreta. La necesidad de reemplazar
esta ley, reformar el sistema de financiamiento estratégico de nuestras
Fuerzas Armadas ha estado presente en el debate público desde hace
décadas”.
Entre
los recursos contemplados para esto, Piñera apuntó que van a destinar
2.600 millones de dólares, provenientes de los saldos de la actual Ley
Reservada del Cobre a financiar ese presupuesto a cuatro años. A ello se
sumará, si así se lo estima necesario, que la Ley de Presupuesto pueda
contemplar recursos adicionales para complementar ese fondo.
Junto a esto, el Mandatario planteó
la necesidad de un piso mínimo garantizado, el cual será “el 70% del
monto promedio de los gastos en operación y sostenimiento, así como en
inversiones en material bélico del periodo comprendido entre el 2010 y
el año 2017”.
Oposición
Sin
ahondar en el fondo del proyecto, el timonel del PS, Álvaro Elizalde,
manifestó que “nos parece que es positiva, porque permite avanzar en una
demanda sentida de nuestro mundo, del mundo democrático, en términos de
que todo el financiamiento de las instituciones públicas debe
discutirse en el Congreso Nacional. De esa manera, se avanza en
transparencia, en control democrático y se evita que Codelco cargue una
pesada mochila”.